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Mauricio Macri
El presidente Mauricio Macri en el «sillón de Rivadavia», diciembre de 2015.
Presidente de la Nación Argentina Actualmente en el cargo
Desde el 10 de diciembre de 2015[Nota 1]​
Gabinete	Ministros de Mauricio Macri
Vicepresidente	Gabriela Michetti
Predecesora	Cristina Fernández de Kirchner
Presidente pro témpore del Mercosur
14 de diciembre de 2016-21 de julio de 2017
Predecesor	Él mismo, junto a Michel Temer, Horacio Cartes y Tabaré Vázquez
Sucesor	Michel Temer
Presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas
21 de abril de 2017[3]​-21 de abril de 2018
Predecesor	Nicolás Maduro
Sucesor	Evo Morales
Presidente pro témpore del G-20
01 de diciembre de 2017-01 de diciembre de 2018
Predecesor	Angela Merkel
Sucesor	Shinzo Abe
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Vicejefe de gobierno	Gabriela Michetti (2007-2009) María Eugenia Vidal (2011-2015)
Predecesor	Jorge Telerman
Sucesor	Horacio Rodríguez Larreta
Diputado de la Nación Argentina por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
10 de diciembre de 2005-18 de julio de 2007
Presidente de Propuesta Republicana
5 de agosto de 2005-17 de abril de 2012
Vicepresidente	Nicolás Caputo
Predecesor	Creación de partido
Sucesor	Humberto Schiavoni
Presidente de Boca Juniors
3 de diciembre de 1995-4 de diciembre de 2007
Vicepresidente	Pedro Pompilio
Predecesor	Antonio Alegre
Sucesor	Pedro Pompilio
27 de febrero de 2008-1 de junio de 2008
Vicepresidente	Pedro Pompilio
Predecesor	Pedro Pompilio
Sucesor	Pedro Pompilio
Información personal
Nacimiento	8 de febrero de 1959 (59 años) Tandil, Argentina
Residencia	Quinta Presidencial de Olivos
Nacionalidad	Argentina
Religión	Catolicismo
Partido político	Propuesta Republicana (desde 2009)
Afiliaciones	Unión - Pro y Cambiemos
Familia
Padres	Franco Macri Alicia Blanco Villegas
Cónyuge	Ivonne Bordeu (1981–1991) Isabel Menditeguy (1994–2005) Juliana Awada de Macri (desde 2010)
Hijos	Agustina, Gimena, Francisco, Antonia[1]​
Educación
Educado en	Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires Wharton Business School Columbia Business School Universidad de CEMA
Información profesional
Ocupación	Empresario, político e ingeniero civil
Patrimonio	AR $82,6 millones[4]​
Distinciones	Caballero de Gran Cruz con collar de la Orden al Mérito de la República Italiana Gran Cordón de la Suprema Orden del Crisantemo Gran Oficial de la Orden El Sol del Perú Orden Mexicana del Águila Azteca Orden de la Cruz del Sur Orden del León holandés Collar de la Orden de Isabel la Católica (2017) Llave de Oro de Madrid (2017)
Firma
Web
Sitio web	www.mauriciomacri.com.ar
Facebook	mauriciomacri
Twitter	mauriciomacri
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Mauricio Macri (Tandil, 8 de febrero de 1959) es un ingeniero civil, político, ejecutivo, empresario y dirigente deportivo argentino, que asumió el cargo de presidente de la Nación Argentina el 10 de diciembre de 2015. Había sido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2005 y 2007 y jefe de Gobierno de ese mismo distrito por dos períodos (2007-2011; 2011-2015).

Macri se recibió como ingeniero civil de la Universidad Católica Argentina en 1984,^[5]​ trabajó en empresas del país como Citibank, Sevel y el propio Grupo Macri y fue presidente del Club Atlético Boca Juniors entre 1995 y 2008.^[6]​ Con una considerable posición accionaria, ejerció cargos directivos en el Grupo Macri, creado por su padre Franco Macri.

En 2003 fue candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Frente Compromiso para el Cambio, integrado por el Partido Justicialista porteño, el Partido Demócrata Progresista y Acción por la República, entre otros partidos menores. En 2005 fue uno de los fundadores del partido Compromiso para el Cambio (CPC) que en 2008 cambió su nombre por Propuesta Republicana (PRO). Impulsó la conformación de varios frentes electorales, entre ellos Propuesta Republicana en 2005, Unión-PRO en 2007 y Cambiemos; con esta última alianza alcanzó la presidencia en el balotaje de noviembre de 2015.

Biografía

Mauricio Macri nació en Tandil el 8 de febrero de 1959. Su padre, Franco Macri, embarcó de Italia a la Argentina siendo adolescente y comenzó a trabajar de albañil y ascendió a cargos más importantes; prosiguió con varios proyectos de construcción privados hasta ser uno de los empresarios más destacados del país. El abuelo de Mauricio, Giorgio Macri, había liderado varios grupos de trabajo de obra en Italia y el África del Norte, y tuvo una austera participación en partidos políticos menores.^[7]​ Su madre, Alicia Blanco Villegas,^[8]​ contrajo matrimonio con Franco Macri en 1958, con el que tuvo cuatro hijos: el propio Mauricio, Sandra, Mariano y Gianfranco.^[9]​

Mauricio Macri cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cardenal Newman. Fue alumno de la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Pensilvania de Filadelfia y cursó brevemente en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina. Acabado el secundario, continuó con sus estudios en la Universidad Católica Argentina, donde se recibió de ingeniero civil.^{[cita requerida]}

Su experiencia laboral se inició en la empresa Sideco Americana S. A., especializada en obras civiles: se desempeñó durante tres años como analista júnior y más tarde como analista sénior. En 1983, fundó, junto con su amigo Nicolás Caputo, la empresa Mirgor S.A., de la cual Macri se retiró en 1994.^[10]​

En 1984 cumplió tareas en el departamento de crédito del banco Citibank de Buenos Aires. En el mismo año se incorporó a Socma, compañía de su padre que sintetiza la acción empresaria de las sociedades del Grupo Macri, y desde 1985 en adelante se desempeñó como su gerente general.^{[cita requerida]}

Después pilotó la expansión del Grupo hasta Venezuela y Colombia, y en 1985 asumió como gerente general de Socma Inversora. Dos años más tarde, ya era vicepresidente ejecutivo de Sideco y al poco tiempo, presidente de Sideco Stone y de Vipcom, y vice de Perfomar SA y de Fernando Marín Producciones Publicitarias SA.^{[cita requerida]}

En diciembre de 1988 firmó a nombre de Sideco un contrato con el intendente del partido de Morón, Juan Carlos Rousselot, para un ambicioso plan de cloacas. La obra contemplaba un costo inicial de 400 millones de dólares, pero Sideco esperaba poder ampliar el proyecto a los mil millones, que permitirían construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales que trataría los desechos de otros cinco municipios, con una población de varios millones de habitantes. El contrato le costó la destitución a Rousselot, dado que había sido firmado sin seguir los pasos licitatorios, y por las tarifas excesivamente altas, y terminó rescindido por el Concejo Deliberante.^[11]​

En 1991 fue secuestrado y durante doce días permaneció en cautiverio hasta que fue liberado tras el pago de seis millones de dólares. Los secuestradores fueron posteriormente apresados comprobándose que en su mayoría pertenecían a la Policía Federal, por lo que se le llamó «la Banda de los Comisarios». Fueron condenados a penas de entre diez años y prisión perpetua.^[12]​

En 1992 ocupó la vicepresidencia en Sevel, empresa automotriz, haciéndose cargo de la presidencia en 1994. Al día siguiente de expresar su intención de lanzarse a la política,^[13]​ fue procesado por contrabando agravado en una causa relacionada con su padre Franco Macri por el juez Carlos Liporace, acusado de una maniobra en la que las empresas del grupo presuntamente estafaban al Estado argentino exportando a Uruguay autopartes y volviéndolas a importar.^[14]​ La empresa insistió en que todas las operaciones fueron realizadas con conocimiento de la aduana y autorizadas por ella, previa consulta^[15]​ y finalmente recayó sentencia firme absolutoria de los cargos.^[16]​

Si bien Macri era ya conocido por su actividad empresaria, adquirió mayor notoriedad pública al presidir el Club Atlético Boca Juniors desde 1995 hasta 2007, y nuevamente durante un par de meses en 2008.

Luego de su paso por el Club Atlético Boca Juniors, Macri fue elegido diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005 y luego jefe de Gobierno del mismo distrito en el año 2007, siendo reelegido para ocupar el mismo cargo en julio de 2011.^[17]​

Familia

Es el mayor de seis hermanos, y es hijo de Alicia Blanco Villegas y del empresario italiano Franco Macri, nacionalizado argentino y exlíder del Grupo Macri-SOCMA, uno de los más importantes grupos económicos de Argentina, que ha desarrollado actividades en el sector de automotores (Sevel), construcción (Sideco), higiene urbana (Manliba), correo (Correo Argentino), comunicación (Movicom), servicios (Pago Fácil), minería, etc.

El origen italiano de su padre le valió ser víctima del racismo en el colegio, donde sus compañeros de clase alta lo discriminaban por ser "hijo de un tano cocoliche".^[18]​

Contrajo matrimonio tres veces. Se casó en primeras nupcias con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos: Agustina, Gimena y Francisco. Tras divorciarse, se casó con la modelo Isabel Menditeguy en 1994, de quien se divorció en 2005. En 2010 se casó con la empresaria Juliana Awada,^[19]​ actual primera dama de Argentina, con quien tuvo una hija, Antonia Macri.^[20]​

Patrimonio

Antes de ser jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Macri declaró un patrimonio de 22 734 836 pesos.^[21]​

En el año 2009 declaró que sus bienes habían aumentado un 42 % con respecto al año anterior, totalizando un total de más de 39 millones de pesos.^[22]​

En septiembre de 2015 Macri declaró bajo juramento tener un patrimonio de 52 millones de pesos, con un crecimiento en el año anterior del 26 %.^[23]​ De ese monto, 17,9 millones de pesos se encontraban depositados en dólares fuera de Argentina.^[23]​ Macri declara también haberle prestado $18,5 millones de pesos a su amigo, exsocio, empresario de la construcción y vicepresidente del PRO Nicolás Caputo, hecho criticado y calificado de sospechoso por la prensa.^[24]​^[25]​

Macri declaró también tener acciones en doce sociedades anónimas (Socma Cárnicos S.A., Molina Arrocero Río Guayquiraro S.A., E Costa S.A., Inmobiliaria Litoreña, Flour American Group, Meat American Group, 4 leguas S.A., Socma Farináceos S.A., María Amina S.A., Socma Corp S.A., Agropecuaria del Guayquiraro S.A., Yacylac S.A.). Con respecto al valor de sus acciones Macri declaró ante el Estado nacional que las mismas tenían un valor de un centavo, debido a que no tenían cotización en el país, en tanto que declaró ante el Gobierno de Buenos Aires que las mismas valían 27 millones de pesos.^[23]​^[26]​ La declaración jurada ante el Estado nacional fue presentada con una semana de demora.^[25]​

En 2016, durante el escándalo de los Panamá Papers, se descubrió la participación de Macri en las sociedades offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá, respectivamente. Por esta razón, anunció que todos sus bienes serían administrados por un fideicomiso "ciego", de forma que estos fueran administrados por personas que no tendrían contacto con el Presidente mientras durara su mandato.^[27]​ Sin embargo, luego de haber sido creado el mismo, el propio presidente anunció que ingresaría al país su patrimonio que se encuentra en el exterior, exactamente 18 millones de pesos en el paraíso fiscal de Bahamas, lo cual indicaría se encontraba en contacto con los administradores con quienes dijo que no tendría ninguna relación.^[28]​ A pesar de su promesa, a fines de junio de 2016 solamente el 40% de su capital estaba siendo administrado por el fideicomiso.^[29]​

En su declaración jurada de 2017, Macri declaró $27 millones menos que el año anterior,^[30]​ pero el patrimonio que tiene fuera del fideicomiso ciego creció en $19 millones durante 2016.^[31]​

Vicepresidencia y presidencia de Sevel

En 1992 fue designado vicepresidente y en 1994 presidente de la Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica (Sevel Argentina), una empresa automotriz en la que el Grupo Macri se encontraba asociada con la empresa Fiat de Italia. El 1 de enero de 1996 Sevel fue disuelta por razones sobre las que hay diferentes suposiciones.^[32]​

En 1997 la Aduana denunció a la empresa SEVEL ante la justicia penal atribuyéndole haber cometido el delito de contrabando.^[33]​

En 1999 el juez Guillermo Tiscornia procesó a su padre Franco Macri, quien también había presidido la firma, y le dictó falta de mérito a Mauricio Macri.^[34]​^[14]​ En febrero de 2001, el juez Carlos Liporace revocó la falta de mérito sobre Mauricio Macri y dispuso su procesamiento, acusándolo de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos para importarlas como autos armados.^[34]​

La empresa sostuvo que todas las operaciones fueron realizadas con conocimiento de la Aduana y autorizadas por ella, previa consulta. Mauricio Macri negó haber cometido delitos y acusó a los jueces de conspirar en su contra debido a que el día anterior había hecho pública su intención de dedicarse a la política partidaria.^[34]​

Me parece una decisión poco feliz que lleguen a procesarme por esto. Lo único que hice fue seguir los pasos que me dijo la Aduana. Si alguien fija las reglas y las cumplís, no veo por qué estoy involucrado... En este país no van presos ni drogadictos ni delincuentes y se la agarran con uno. No quiero pensar en un supuesto complot contra mi figura o la de mi padre, aunque en la Argentina estamos muy acostumbrados a estas cosas.

Mauricio Macri.^[35]​

Finalmente, los encausados interpusieron un planteo de cosa juzgada, sosteniendo que los hechos materia de juzgamiento ya habían sido definitivamente resueltos por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 y por el Juzgado Penal Económico N° 6, y que la continuación de su investigación en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay implicaba una violación a la garantía constitucional que tutela al imputado contra la doble persecución penal. El planteo prosperó en primera instancia, fue rechazado luego por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y nuevamente concedido por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal. Llegado el caso a la Corte Suprema de Justicia por vía de recurso de queja, ésta por mayoría consideró que no existía caso federal, por lo que no correspondía tratar el recurso extraordinario.^[36]​

Presidencia de Boca Juniors

El 13 de diciembre de 1995 Mauricio Macri fue elegido presidente de Boca Juniors por 4415 votos a favor sobre los 2643 a Antonio Alegre, expresidente de Boca.^[37]​ Una de las primeras medidas de Macri al frente de Boca fue llegar a un acuerdo con el Club Social y Deportivo Parque, que en esos momentos dependía de Argentinos Juniors, por lo cual solventaron los gastos y este a su vez proveyó de jugadores nuevos a las inferiores de Boca. Por estas inferiores pasaron Carlos Tévez, Juan Román Riquelme, Nicolás Gaitán y Lucas Viatri entre otros.^[38]​

En 1996, Macri inauguró el estadio Luis Conde, perteneciente a las divisiones de básquet y vóley de Boca Juniors, con capacidad para 2 mil personas, y remodeló La Bombonera y al año siguiente creo un fondo de inversiones para la compra de jugadores en la que cuya utilidad se dividiría en un 50 % para Boca Juniors y otro 50 % para los inversores, puso 20 millones de dólares para este fondo y limitó el funcionamiento del mismo al periodo de su gestión en el club.^[39]​Al respecto Roberto Digón denunció negociados que ocurrían en el Club Boca, en aquellos momentos siendo vicepresidente de Boca Juniors Roberto Digón increpó al presidente del club Mauricio Macri dónde estaban los 600 mil pesos restantes en el pase de un jugador. Posteriormente Digón denunciaría a Mauricio Macri y a Gustavo Arribas por irregularidades en el pase de futbolistas^[40]​ señalando que actitudes que rozan lo delictivo, especialmente en las compras y ventas de jugadores y que los intermediarios eran testaferros de Macri, como el escribano Gustavo Arribas o Fernando Hidalgo, quienes responden al presidente de Boca. ^[41]​ En esos años el club vendió jugadores por más de 135 millones de dólares: 27 millones por Gago, 23 millones por Banega, 20 millones por Tévez y la reventa de algunos esos jugadores. Macri junto con Arribas manejaron por años sumas millonarias, quedándose con el 15% de los jugadores que eran transferidos desde Boca. Para el cobro de los cheques y el depósito de los mismos endosados en una cuenta en Suiza, la persona puesta por Macri era Arribas, quien se quedaba con dinero que pertenecía a Boca.^[41]​^[40]​

Macri contrató más adelante a Jorge Griffa, quien compró un importante grupo de juveniles de Argentinos Juniors, incluido Riquelme, así como 11 jugadores de los 25 integrantes del plantel campeón de la Copa Libertadores 2000, surgidos de esta cantera^[42]​

Macri fue reelecto en Boca 1999 con el 84 % de los votos^[43]​ En el 2003 fue nuevamente reelecto en el cargo hasta 2007. El exdirigente de Boca Juniors Roberto Digón aseguró en 2004 que Macri "debe dejar la presidencia por irregularidades comprobadas por la Inspección General de Justicia en su mandato; se cree que con plata puede comprar todo".^[44]​ Luego fue denunciado por el delantero Marcelo Delgado de aprovechar su gestión para los "negocios personales".^[45]​ Poco después fue el excapitán de Boca Jorge "Patrón" Bermúdez quien denunció a Macri por actos de corrupción en los pases de los futbolistas y relató que en 2000, durante una negociación propia, Macri exigió indebidamente para sí dos millones de dólares.^[46]​ Macri se negó a declarar ante estas denuncias.

En 2007, recibió denuncias más serias, ya ligadas al ámbito político, por la diputada (y su actual aliada de coalición) Elisa Carrió, sobre casos de corrupción por conexiones ilegales entre el fútbol, la política, y la violencia barrabrava:

La sociedad puede pedirme que nos juntemos. Lo que no me pueden pedir es que nos juntemos con corruptos. Los barrabravas acompañan a los grandes políticos, y lo dice el presidente del club de fútbol mayor de la Argentina. Negocio, política, violencia... está todo mezclado y también está determinada una forma de carrera política. En un tiempo, ser militar era una forma de acceder a la Presidencia. Ahora, una forma de acceder es ser presidente de un club de fútbol, y esto marca la ligazón entre política y dinero.

Elisa Carrió, 2007.^[47]​

El 27 de febrero de 2008, Macri reasumió temporalmente la presidencia de Boca, debido a un fallo de la Inspección General de Justicia que anuló las elecciones internas del club y ordenó que reasumiesen a los cargos las autoridades anteriores, incluso Macri. La decisión de Macri de volver a asumir un eventual cuarto período siendo ya al mismo tiempo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue criticada por varios referentes de la oposición, defendiendo el artículo 98 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que no permite a los jefes de gobierno el ejercicio de otros cargos simultáneos; pero Macri se justificó diciendo que era una orden del juez que debía obedecer.^[48]​ En 2015, con motivo de su elección a presidente de Argentina, Macri fue declarado socio honorario^[49]​ del club.

Balance futbolístico de la gestión

Durante su gestión al frente de Boca Juniors, el equipo xeneize obtuvo 17 títulos (consiguiendo 11 títulos internacionales en un lapso de 8 años) lo cual lo consagró como el presidente de la institución que más títulos futbolísticos ha obtenido, desplazando al histórico Alberto J. Armando al segundo lugar, con doce títulos totales.^[50]​ Boca fue reconocido como el mejor equipo de América del Sur de la década de 2000, por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.^[51]​

Inicios en política

Partido Justicialista

Aunque su ingreso a la política fue posterior a su paso por la presidencia de Boca Juniors, durante los 90 Mauricio Macri se destacaba como empresario del holding familiar, beneficiado con negocios en distintos rubros por el presidente Carlos Menem, entre ellos el Correo Argentino.^[52]​ Macri contó en el 2015 —sin demasiadas precisiones— que en 1997 Menem les había ofrecido a él y a Daniel Scioli ser candidatos del Partido Justicialista y que él no aceptó ese ofrecimiento.^[53]​ En el libro Robo para la corona, Horacio Verbitsky cuenta que el sindicalista Hugo Barrionuevo precisó que en 1989, el Grupo Macri había aportado a la campaña electoral de Carlos Menem 600 000 dólares y una docena de autos Fiat.^[54]​

Durante el año 2000 circularon insistentes rumores de que Mauricio Macri integraría la lista de diputados del Partido Justicialista en la provincia de Misiones, donde él tenía registrado su domicilio,^[55]​ y mantenía relaciones estrechas con Ramón Puerta.^[56]​

El 21 de febrero de 2001 Mauricio Macri anunció que se dedicaría a la política.^[57]​ Macri había recibido a fines del año 2000 una oferta del Partido Justicialista, presidido en ese momento por Carlos Menem, para ser candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de Argentina de 2001.^[55]​

El periodista Ricardo Río del diario Clarín informaba por entonces:

La especulación dice que Franco, padre de Mauricio y jefe del clan Macri, no lo ve a su hijo con potencial para "descollar en política" y que en ese terreno "la recompensa no valdrá el esfuerzo". La contracara de Franco sería Jorge Aguado, vicepresidente de SOCMA, la empresa de los Macri: "Es el que más lo alienta a Mauricio para que se haga político", completan los voceros... En el mapa del justicialismo, Macri, que suele autodefinirse como "conservador y pragmático tirando a la centroderecha" y que admite su preferencia por el "electorado bonaerense", sintoniza muy bien con varios apellidos ilustres del menemismo. Tampoco le faltan contactos con la dirigencia sindical dialoguista. El gastronómico y presidente de Chacarita, Luis Barrionuevo y el jefe de la Sanidad, Carlos West Ocampo, por mencionar algunos, dialogan regularmente con Macri. Otro sindicalista que por razones obvias llega al empresario sin intermediarios es el tabacalero Roberto Digón, a la sazón vicepresidente segundo de Boca.

Ricardo Río, Clarín, 2 de enero de 2001.

Sin embargo, el 22 de febrero Macri fue penalmente procesado por el juez Carlos Liporace^[58]​ por presunto contrabando agravado cuando era vicepresidente de Sevel.^[57]​ Al año siguiente, la Corte Suprema firmó su sobreseimiento en un fallo por el que luego dos ministros de la Corte fueron removidos de sus cargos.

Macri ha declarado que se desvinculó del justicialismo tras la crisis de diciembre de 2001 en Argentina: "arranqué de cero, creando un partido de cero", sentenció.^[59]​^[53]​ Sin embargo al año siguiente el Partido Justicialista decidió apoyar a Macri como candidato a jefe de Gobierno en la Capital Federal, razón por la cual fue el principal partido del Frente Compromiso para el Cambio.^[60]​

Frente Compromiso para el Cambio

En junio de 2003 se creó el Frente Compromiso para el Cambio, alianza integrada por los partidos Justicialista, Federal, Autonomista, Demócrata, Acción por la República y Demócrata Progresista, que sostuvo la candidatura de Mauricio Macri para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.^[60]​

Macri integró la fórmula junto a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a vicejefe de Gobierno. El Frente obtuvo la primera minoría, alcanzando el 37,55% de los votos, mientras que la fórmula oficialista integrada por el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra y Jorge Telerman obtuvo el 33,54%. Como para acceder al cargo se necesita la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, la elección se decidió en una segunda vuelta entre Macri e Ibarra, ganando este último con un 53,48% y obteniendo la reelección, frente al 46,52% obtenido por Macri.

Compromiso para el Cambio (partido) y Propuesta Republicana (alianza)

En junio de 2005 Macri y el excandidato a presidente Ricardo López Murphy, líder del partido Recrear para el Crecimiento, forman una alianza electoral de alcance nacional, contratando al publicista (Ernesto Savaglio) para que creara un nombre, una sigla y un logo para la alianza.^[61]​

El 5 de agosto de 2005 el macrismo se organizó finalmente como partido político al ser reconocido el partido Compromiso para el Cambio, siendo elegido presidente del mismo Mauricio Macri.^[62]​

Pocos días después, el 23 de agosto Macri y López Murphy dieron a conocer el nombre de la alianza: Propuesta Republicana. Savaglio había creado también el apócope "Pro", para denominar a la coalición, así como un logo que incluía un triángulo a modo de flecha orientado hacia la derecha. Ese mismo día la alianza Propuesta Republicana fue registrada en dos distritos, Capital Federal y provincia de Buenos Aires, integrada por el Frente Federal Justicia y Libertad (Frejuli),^[63]​ el Partido Demócrata Progresista (PDP), el partido Recrear para el Crecimiento, el partido Compromiso para el Cambio, el partido Acción por la República, el partido Voluntad para la Integración y el Desarrollo Auténtico.^[64]​ La alianza se inscribió también con ese nombre en Entre Ríos y apoyó en Mendoza al Partido Demócrata provincial.

En las elecciones legislativas de 2005 la alianza Pro obtuvo nueve diputados nacionales en total, seis en la Capital Federal donde salió primera con 34% y tres en la provincia de Buenos Aires, donde salió quinta con 7%.

Luego de las elecciones presidenciales de 2007 la alianza PRO que sostenía la relación Macri-López Murphy se debilitaría, al punto que al año siguiente el partido Recrear desplazaría a López Murphy para decidir su ingreso a Compromiso para el Cambio, al tiempo que este partido decidía cambiar de nombre y adoptar la denominación de Propuesta Republicana (PRO).^[65]​

Diputado nacional

Se presentó como candidato a diputado nacional en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2005, compitiendo contra Elisa Carrió y Rafael Bielsa. En esta elección Macri obtuvo el 33,9 % de los votos, mientras que Elisa Carrió obtuvo el 21,9 % y Rafael Bielsa el 20,3 %. Durante el año 2006, alternaba su actividad como diputado en el Congreso Nacional con la presidencia de Boca Juniors.

Fue criticado por sus reiteradas ausencias en las votaciones en la Cámara de Diputados; en 2006, concurrió a 32 de las 51 sesiones^[66]​ y solo estuvo en 36 de las 280 votaciones;^[67]​ y en 2007 se encontró ausente en todas las sesiones y votaciones^[68]​ lo que fue criticado por la oposición. En su defensa, Mauricio Macri sostuvo que el Congreso «es un sitio en el que no se debaten ideas, las leyes son paquetes cerrados que envía el oficialismo y los legisladores son solo “levantamanos”».^[69]​

Jefe de gobierno porteño

En la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires se destacó la reparación de escuelas que se encontraban en emergencia edilicia al comenzar su gestión,^[70]​ el aliviador del Maldonado^[71]​ el mantenimiento y enrejamiento de una de cada tres plazas.^[72]​

En materia de salud se destaca la inversión tecnológica en salud pública,^[73]​ la creación de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, para combatir la inseguridad.^[74]​
Las mayores críticas de su gestión quedaron fundadas en el crecimiento de la deuda pública.^[75]​

En 2007 el diputado Mauricio Macri aspiraba a ser candidato presidencial en un espacio que compartiría con el entonces gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sobisch, pero nunca se concretó ya que se postuló nuevamente para Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El 3 de junio de 2007 se celebró la primera vuelta de las elecciones a jefe de gobierno porteño. En ella, la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti superó el 45,6% de los votos, seguida por la lista Daniel Filmus-Carlos Heller (23,7%), del Frente para la Victoria. En tercer lugar se ubicaron el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman y su compañero de fórmula Enrique Olivera (20,7%).^[76]​ Tres semanas más tarde, el 24 de junio, se celebró una segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas más votadas y Macri se impuso con un 60,9% de los votos, contra 39,04% de Filmus.^[77]​

Primer mandato

Juró junto a su vicejefa Gabriela Michetti, el 9 de diciembre de 2007, asumiendo formalmente un día después.

Entre sus primeras obras de gobierno, se destacan la remodelación y restauración del Planetario Galileo Galilei^[78]​ y del Teatro Colón^[79]​ y su reapertura para el Bicentenario de Argentina.^[80]​ En diciembre de 2007, se sancionó la Ley de Emergencia Edilicia para los establecimientos, con 43 votos a favor y 2 en contra,^[81]​ destinándose la mitad del presupuesto total de la Dirección de Infraestructura escolar. Desde principios de 2008, el gobierno de la ciudad comenzó a implementar un plan de recuperación del espacio público. Dicho plan consistió en la reparación de aquellas calles que se encontraban dañadas, las cuales fueron repavimentadas en algunos casos. En otros, se procedió a iniciar un proceso de reparación de los baches.

En materia educativa, en 2009 se implementó el inglés desde primer grado obligatorio en todas las escuelas primarias^[82]​ y en 2010 el Plan Integral de Educación Digital con una netbook por alumno y acceso gratuito inalámbrico a Internet.^[83]​

Con su sueldo de jefe de gobierno porteño, Macri aceptó cobrar lo "mínimo posible" y donar lo sobrado.^[84]​ Hacia fines de 2009, Macri estuvo envuelto en el centro de la denuncia por el presunto espionaje a ciudadanos porteños. El 3 de octubre de 2009 Página/12 publicó que Sergio Burstein, integrante de Familiares de la AMIA, estaba siendo espiado.^[85]​^[86]​ La investigación recayó en el fiscal a cargo del atentado a la AMIA Alberto Nisman quien reveló una amplia trama de espionajes a ciudadanos en la que estaban involucrados funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pidió el procesamiento sucesivo del primer jefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires Jorge el Fino Palacios,^[87]​ el ministro de Educación de la Ciudad Mariano Narodowski, el agente de inteligencia Ciro James y finalmente de Mauricio Macri, el 14 de mayo de 2010.^[88]​ También fue procesado el segundo jefe de la Policía Metropolitana Osvaldo Chamorro, en la causa conexa que investigó el espionaje a legisladores de la oposición.^[89]​ Macri fue muy crítico con el fiscal Nisman.^[90]​ Finalmente el 18 de julio de 2014 la Cámara Federal decidió abrir el juicio oral contra Palacios, Narodowski y Ciro James, excluyendo del mismo a Mauricio Macri, por falta de pruebas.^[91]​ El 29 de diciembre de 2015 el juez de primera instancia resolvió sobreseer a Mauricio Macri de la misma. En sus fundamentos el juez consideró que "las pruebas...no arrojaron ninguna incriminación contra Macri en las escuchas (ni) siquiera una prueba directa" que acreditara que Macri había ordenado escuchar a su ex cuñado ni al opositor Sergio Burstein ni para "adjudicarle formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino".^[92]​ Por su parte las dos partes querellantes cuestionaron el sobreseimiento, sosteniendo en un caso que el Poder Judicial "se arrodilló" y en el otro que se trató de "un regalo de fin de año".^[93]​ El juicio oral contra los funcionarios de su gobierno quedó en estado de iniciarse a mediados de 2014 y aún no se había iniciado en diciembre de 2015.

En julio de 2010, el Gobierno Nacional consiguió cerrar varios acuerdos en el rubro ferroviario con China que le significarán la renovación de cientos de vagones para las líneas de subte porteñas.^[94]​ Para el bicentenario de la revolución de Mayo, Macri fue anfitrión de varias de las celebraciones, con recitales de rock, tango, música latina; desfiles militares y civiles; encuentros deportivos y el megashow del 25 de mayo, entre otros.

Se ha presentado en la legislatura porteña un informe que explica que el Jefe de Gobierno porteño de un total de 3225 leyes ha dejado sin reglamentar, conforme la manda constitucional (art. 102 CCABA)^[95]​ el 12% de ese total al 15 de agosto de 2010. En mayo de 2011 se puso en marcha por primera vez el sistema de obtención de turnos en diversos hospitales públicos, que elimina las colas para obtención de turnos en forma personal.^[96]​

Segundo mandato

En 2010, Macri volvió a expresar sus intenciones de ser candidato presidencial; y, si bien ratificó las mismas hasta bien entrado 2011,^[97]​ desistió en mayo de ese mismo año para competir por su reelección como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.^[98]​

En 2011 Macri se presentó a la reelección para jefe de gobierno (con María Eugenia Vidal para vicejefa) y obtuvo en primera vuelta el 47% de los votos, frente al 28% de Daniel Filmus y el 13% de Fernando Solanas pero no alcanzó para la elección directa,^[99]​ por lo que tuvo que dirimirse la elección en balotaje, en el que obtuvo el 64,3% frente al 35,75% del candidato kirchnerista Daniel Filmus.^[100]​

Entre el 31 de diciembre de 2009 y el 25 de noviembre de 2011 se finalizaron las obras en el Arroyo Maldonado, evitando que la ciudad se vuelva a inundar.^[101]​

En 2011 la justicia descubrió que en los hospitales y cementerios de la Ciudad de Buenos Aires faltaban al menos 216 cadáveres.^[102]​ La investigación generó un fuerte conflicto entre el gobierno de la Ciudad y el juez de la causa que la mantuvo paralizada desde entonces.^[103]​

En el 2012, Macri vetó la realización del Congreso Pedagógico 2012 que hubiera propiciado el debate sobre el futuro de la educación escolar porteña.^[104]​ Más adelante, miles de estudiantes tomaron colegios.^[105]​ con una escasa protección policial.^[106]​ Hacia fines de 2013, el gobierno porteño llevaba invertidos más de 100 millones de pesos en equipamiento, incorporándose 700 equipos médicos al sistema público de salud, entre los que se destacan, además de los tomógrafos, 12 torres de video para gastroendoscopias, 31 equipos de rayos, 2 equipos de hemodinamia, 8 sistemas de digitalización de imágenes y 44 ecógrafos.^[107]​

En noviembre de 2014, el juez Eugenio Zaffaroni presentó un informe que concluye que aumentaron levemente los homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires, de 158 en 2012 a 176 en 2013, si bien explico que «no se observan picos, en la ciudad estamos en una especie de meseta» con respecto al índice.^[108]​

Durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, se sancionó la utilización de la Boleta Única Electrónica, a partir de julio de 2015.^[109]​

En 2015 se produjo un escándalo cuando legisladores opositores realizaron una denuncia por contrataciones directas del Gobierno de Mauricio Macri por 20 millones de pesos a favor de una firma relacionada con su amigo personal y candidato de su partido, Fernando Niembro.^[110]​ Luego de presentar los papeles ante la justicia, aludiendo que la mayor parte del dinero mencionado era por segundos de publicidad y que la productora (La Usina) había ganado en compulsas de precios sin ser favorecida, Fernando Niembro renunció a su candidatura como diputado para que se lo investigue correctamente.^[111]​

Gabinete

Jefatura de Gabinete y Ministerios del Gobierno de Mauricio Macri
Cartera	Titular	Período
Jefatura de Gabinete de Ministros	Horacio Rodríguez Larreta	10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2015
Ministerio de Gobierno	Emilio Monzó	10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2015
Ministerio de Justicia y Seguridad	Guillermo Montenegro	10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2015
Ministerio de Ambiente y Espacio Público	Edgardo Cenzón Diego Santilli Juan Pablo Piccardo	5 de diciembre de 2013 - 10 de diciembre de 2015 10 de diciembre de 2009 - 5 de diciembre de 2013 10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2009
Ministerio de Salud	Graciela Reybaud Jorge Lemus	12 de julio de 2012 - 10 de diciembre de 2015 10 de diciembre de 2007 - 12 de julio de 2012
Ministerio de Cultura	Hernán Lombardi	10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2015
Ministerio de Desarrollo Urbano	Daniel Chain	10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2015
Ministerio de Hacienda	Néstor Grindetti	10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2015
Ministerio de Modernización del Estado	Andrés Horacio Ibarra	10 de diciembre de 2011 - 10 de diciembre de 2015
Ministerio de Educación	Esteban Bullrich Abel Posse Mariano Narodowski	23 de diciembre de 2009 - 10 de diciembre de 2015 11 de diciembre de 2009 - 23 de diciembre de 2009 10 de diciembre de 2007 - 11 de diciembre de 2009
Ministerio de Desarrollo Social	Carolina Stanley María Eugenia Vidal Esteban Bullrich	10 de diciembre de 2010 - 10 de diciembre de 2015 27 de mayo de 2008 - 10 de diciembre de 2010 10 de diciembre de 2007 - 27 de mayo de 2008
Ministerio de Desarrollo Económico	Francisco Cabrera	10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2015
Secretarías del Gobierno de Mauricio Macri
Cartera	Titular	Período
Secretaría General	Marcos Peña	10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2015
Secretaría de Legal y Técnica	Pablo Clusellas	10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2015
Secretaría de Medios	Miguel de Godoy	10 de diciembre de 2007 - 10 de diciembre de 2015

Presidencia de Argentina

Candidato a la presidencia en 2015

En marzo de 2015 el PRO se unió a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica ARI con el objetivo de constituir una alianza para las elecciones de dicho año. En junio fue presentado el frente «Cambiemos». Para las primarias, la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti compitió con Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Macri ganó la candidatura.^[112]​ La elección presidencial se desarrolló el 25 de octubre dejando al candidato oficialista Daniel Scioli en primer lugar con el 36,86% de votos a favor y a Macri en segundo con el 34,33%, desembocando ambos a segunda vuelta.

En el primer balotaje presidencial de la historia argentina, realizado el 22 de noviembre, el macrismo triunfó sobre Scioli (quien obtuvo el 48,66%), obteniendo 12.903.301 votos, que equivalieron al 51,34% de los votos positivos emitidos.^[113]​ Macri obtuvo 8,6 millones de votos (34%) en la primera vuelta y 12,98 millones de votos en la segunda vuelta (51,34%).^[114]​

Período de transición y asunción

El 24 de noviembre Cristina Kirchner y Mauricio Macri acordaron el protocolo de traspaso del mando a realizarse el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación.^[115]​ Con posterioridad Macri cambió de opinión y consideró que el juramento debía hacerse en el Congreso Nacional, pero luego del juramento ambos debían trasladarse a la Casa Rosada para que allí Cristina Kirchner le hiciera entrega de la banda y el bastón, argumentando que esa era la tradición anterior a 2001. Las razones de fondo del cambio de opinión por parte de Macri han dado lugar a especulaciones periodísticas, así como también las supuestas intenciones de ambos de humillar al otro o a la otra.^[116]​ Por su parte Cristina insistió que debía realizarse según lo acordado entre ambos el 24 de noviembre, como lo que establece el artículo 93 de la Constitución Nacional o —como alternativa— luego de la jura y una vez que Mauricio Macri asumiera como presidente, podía establecer a su criterio el lugar y la persona que le entregaran la banda y el bastón.^[117]​

Mientras se estaban realizando las negociaciones, el 8 de diciembre Macri realizó una presentación judicial solicitando que se estableciera que el mandato de la presidenta Cristina Kirchner finalizaría el 9 de diciembre a la medianoche.^[118]​ La presentación del reclamo judicial interrumpió definitivamente las negociaciones.

Conocida la decisión del fiscal Di Lello de hacer lugar al reclamo de Macri, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli cuestionó por irregular la decisión judicial por acortar el mandato constitucional de Cristina Kirchner, dejar al país sin presidente titular y obligar a poner en funcionamiento la ley de acefalía. Parrilli anunció que debido a que la justicia había establecido que el mandato presidencial de Cristina Kirchner había finalizado el día anterior al acto de toma de posesión del mando por parte del nuevo presidente, no correspondía legalmente que se hiciera presente en el Congreso Nacional.^[119]​

Al día siguiente la jueza María Servini de Cubría dictó una acción declarativa de certeza y estableció que los mandatos presidenciales comienzan a la cero horas del día de asunción y finalizan cuatro años después a la medianoche del día ordinal anterior, ordenando a la presidenta Cristina Kirchner cesar su mandato a la medianoche del 9 de diciembre, doce horas antes de la ceremonia de traspaso del mando y jura en el Congreso.^[120]​ El fallo generó una situación inédita, ya que a la medianoche del 9 de diciembre, ni el presidente Mauricio Macri ni la vicepresidenta Gabriela Michetti estarían en condiciones legales de asumir el mando, debido a que no habrían cumplido con el requisito constitucional de jurar ante la asamblea legislativa.^[121]​^[122]​^[120]​^[121]​^[122]​ Ante esa situación, el presidente provisional del Senado Federico Pinedo consideró que se había producido una situación de acefalía del Poder Ejecutivo, razón por la cual correspondía poner en marcha los mecanismos previstos en la Ley de Acefalía, que disponía que le correspondía ejercer el Poder Ejecutivo.^[123]​

Simultáneamente el bloque de diputados del Frente para la Victoria declaró que el fallo judicial constituía un "avasallamiento a las instituciones" y que no asistiría al acto de asunción como presidente de Mauricio Macri.^[124]​ Pinedo asumió efectivamente el ejercicio al Poder Ejecutivo al cesar el mandato de Cristina Kirchner, aplicando al caso la ley de acefalía,^[125]​ y ejerció el Poder Ejecutivo entre las 0:00 de la mañana hasta el mediodía, cuando Macri juró ante el Congreso.

En su juramento como presidente, el 10 de diciembre, Macri se apartó del juramento constitucional reemplazando la expresión "desempeñar con patriotismo" el cargo —que establece la Constitución en su art. 93— por la expresión "desempeñar con honestidad",^[126]​ circunstancia que generó críticas por parte de la oposición.^[127]​

Gabinete presidencial

Jefatura de Gabinete y Ministerios del Gobierno de Mauricio Macri
Cartera	Titular	Período
Jefatura de Gabinete de Ministros	Marcos Peña	10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda	Rogelio Frigerio	10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	Jorge Faurie Susana Malcorra	12 de junio de 2017 - en el cargo 10 de diciembre de 2015 - 12 de junio de 2017
Ministerio de Defensa	Oscar Aguad Julio Martínez	17 de julio de 2017 - en el cargo 10 de diciembre de 2015 - 17 de julio de 2017
Ministerio de Transporte	Guillermo Dietrich	10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Seguridad	Patricia Bullrich	10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Germán Garavano	10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Hacienda	Nicolás Dujovne	2 de enero de 2017 - en el cargo
Ministerio de Producción y Trabajo	Dante Sica	6 de septiembre de 2018 - en el cargo
Ministerio de Salud y Desarrollo Social	Carolina Stanley	6 de septiembre de 2018 - en el cargo
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	Alejandro Finocchiaro	6 de septiembre de 2018 - en el cargo
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas	Alfonso Prat-Gay	10 de diciembre de 2015 - 31 de diciembre de 2016
Ministerio de Finanzas	Luis Caputo	2 de enero de 2017 - 14 de junio de 2018
Ministerio de Comunicaciones	Oscar Aguad	10 de diciembre de 2015 - 17 de julio de 2017
Ministerio de Educación y Deportes	Esteban Bullrich	10 de diciembre de 2015 - 17 de julio de 2017
Ministerio de Educación	Alejandro Finocchiaro	17 de julio de 2017 - 6 de septiembre de 2018
Ministerio de Agroindustria	Luis Miguel Etchevehere Ricardo Buryaile	21 de noviembre de 2017 - 6 de septiembre de 2018 10 de diciembre de 2015 - 21 de noviembre de 2017
Ministerio de Salud	Adolfo Rubinstein Jorge Lemus	21 de noviembre de 2017 - 6 de septiembre de 2018 10 de diciembre de 2015 - 21 de noviembre de 2017
Ministerio de Energía y Minería	Juan José Aranguren	10 de diciembre de 2015 - 16 de junio de 2018
Ministerio de Energía	Javier Iguacel	16 de junio de 2018 - 6 de septiembre de 2018
Ministerio de Producción	Francisco Cabrera Dante Sica	10 de diciembre de 2015 - 16 de junio de 2018 16 de junio de 2018 - 6 de septiembre de 2018
Ministerio de Turismo	Gustavo Santos	10 de diciembre de 2015 - 6 de septiembre de 2018
Ministerio de Modernización	Andrés Ibarra	10 de diciembre de 2015 - 6 de septiembre de 2018
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Jorge Triaca	10 de diciembre de 2015 - 6 de septiembre de 2018
Ministerio de Desarrollo Social	Carolina Stanley	10 de diciembre de 2015 - 6 de septiembre de 2018
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	Lino Barañao	10 de diciembre de 2007 - 6 de septiembre de 2018
Ministerio de Cultura	Pablo Avelluto	10 de diciembre de 2015 - 6 de septiembre de 2018
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Sergio Bergman	10 de diciembre de 2015 - 6 de septiembre de 2018
Secretarías de Estado del Gobierno de Mauricio Macri
Cartera	Titular	Período
Secretaría General	Fernando de Andreis	10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Secretaría Legal y Técnica	Pablo Clusellas	10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Agencia Federal de Inteligencia	Gustavo Arribas	10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas	Roberto Esteban Moro	10 de diciembre de 2015 - en el cargo

Macri incluyó en su gabinete a empresarios, gerentes y ejecutivos (con experiencia en compañías como Shell, Techint, HSBC, Telecom, LAN, Banco Galicia, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Deutsche Bank, grupo Clarín, Coca Cola, DirecTV, General Motors, etc^[128]​) además de figuras del PRO, la UCR y la CC-ARI por Cambiemos.^[129]​ Así, la cadena estadounidense CNN señaló que este gabinete de Macri destaca por el protagonismo de los empresarios y la procedencia de sus miembros, de universidades privadas argentinas y estadounidenses.^[130]​ Coincidiendo en el enfoque pero con un tono crítico, el diario Página/12 consideró que se trataba de "un gabinete con perfil empresarial".^[131]​ Las funciones del ministerio de economía fueron descentralizadas en diversos ministerios, para evitar la presencia de un ministro de economía con atribuciones excesivas.^[132]​

En agosto de 2016 se dieron a conocer los sueldos de los ministros. Al respecto algunos sitios web afirmaron que eran entre un 30% y un 210% mayores a sus antecesores. Así, por ejemplo, dijeron que Juan José Aranguren ganaba $196.931,90 y Oscar Aguad, $245.051,60 mensuales.^[133]​ Luego de estas publicaciones, desde el Ministerio de Modernización realizaron la aclaración de que ambos ministros ganaban $ 115.842,30 mensuales^[134]​ Asimismo, en el mismo sitio oficial se aclaró que "En la liquidación correspondiente al mes de enero, los Sres. Ministros Aguad, Oscar (Comunicaciones); Aranguren, Juan (Energía y Minería; Frigerio, Rogelio (Interior, Obras Públicas y Vivienda); y Dietrich, Guillermo (Transporte) tienen incluido el proporcional de la liquidación del mes de diciembre y el sueldo anual complementario. En los meses posteriores, las diferencias en la asignación salarial corresponden al pago del concepto de desarraigo, tanto para el Ministro Aguad, Oscar (Comunicaciones), como para los Sres. Ministros Santos, José (Turismo), Buryaile, Ricardo (Agroindustria) y Martínez, Julio (Defensa)".^[135]​

Reuniones

El 11 de diciembre, en su segundo día como presidente, Macri se reunió con el resto de candidatos a presidente para conversar sobre sus propuestas y posiciones políticas; entre ellos líderes opositores como Scioli, Massa, Stobilzer y Rodríguez Saá.^[136]​^[137]​^[138]​^[139]​^[140]​ al día siguiente se reunió con los gobernadores de las veinticuatro provincias argentinas para tratar temas como la coparticipación, las obras públicas y el narcotráfico.^[141]​

El 22 de diciembre, en una reunión entre Macri y la señora Kris Tompkins —viuda de Douglas Tompkins, uno de los magnates ecologistas millonarios dueños de extensos parques de conservación en la Patagonia— acordaron la donación al estado de 150 mil hectáreas para la construcción de un parque nacional en el Iberá.^[142]​

Gradualismo y consenso

Luego de las medidas adoptadas en los primeros días de gobierno (devaluación, derogación de los impuestos a las exportaciones agrarias y mineras, derogación de las regulaciones para comprar dólares y enviar capitales al exterior, etc.) Macri adoptó una estrategia general de reformas basadas en el "gradualismo" y el "consenso" con la oposición y los actores sociales, según sus propias expresiones,^[143]​ aunque en materia de subsidios a los servicios sociales (transporte, gas y electricidad), los aumentos de tarifas fueron abruptos, superando en algunos casos el 500%.^[144]​

La estrategia gradualista y de consensos ha sido criticada por analistas argentinos y extranjeros, e incluso por sectores pertenecientes o cercanos a la alianza oficialista Cambiemos, partidarios de una estrategia de shock, que realice una reducción brusca y considerable del gasto del Estado (educación, salud, seguridad social, empleo público, etc.) y de los impuestos, así como una amplia apertura económica, junto a reformas estructurales de los sistemas de salud, educación, jubilaciones, leyes laborales y sindicales.^[145]​ El economista liberal José Luis Espert ha criticado la política gradualista de Macri diciendo que "el macrismo es kirchnerismo de buenos modales".^[146]​

Luego de la victoria de Cambiemos en las elecciones de medio término de 2017, el diario Clarín informó que Macri ratificó el gradualismo, pero acelerando los cambios, adoptando una estrategia de "gradualismo acelerado".^[145]​

Acuerdo fiscal con los gobernadores de 2017

El 16 de noviembre de 2017 el presidente Macri, los gobernadores de 22 de las 23 provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acordaron un Consenso Fiscal, en el que se comprometieron a tomar importantes medidas de gobierno y a gestionar ante el Congreso de la Nación leyes de reformas laborales, previsionales e impositivas.^[147]​ La única provincia que no firmó el Consenso fue la provincia de San Luis.^[148]​

Los puntos fundamentales del Consenso fueron los siguientes:

• Reorientar el 20% del Impuesto a las Ganancias que estaba destinado a financiar la seguridad social, para destinar esos fondos a las provincias.


• Los provincias se comprometieron a eliminar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, en un plazo de cinco años.


• Los provincias se comprometieron a adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal prohibiendo aumentar sus gastos si no tienen superávit fiscal.


• El Estado nacional se comprometió a entregarle a la provincia de Buenos Aires $65.000 millones de pesos (equivalentes a unos 4000 millones de dólares).


• Las provincias se comprometieron a desistir de los juicios iniciados contra el Estado nacional por fondos adeudados.


• Las provincias se comprometieron a que los impuestos inmobiliarios suban hasta alcanzar el valor de mercado de los inmuebles.


• Que el Congreso Nacional sancione una ley aprobando una nueva fórmula de actualización de los beneficios previsionales, ajustándolos trimestralmente por inflación; garantizando que la jubilación mínima no sea inferior al 82% del salario mínimo, para quienes alcancen 30 años de servicio con aportes efectivos; y eliminando las "jubilaciones de privilegio".^[147]​ El proyecto de ley conocida como "reforma previsional" permitiría reducir el gasto público al menos 79.000 millones de pesos (equivalentes a unos 4600 millones de dólares).^[149]​

Política económica

Año	Crecimiento del PIB
2016[150]​	-2.3 %
2017[151]​	2.9%

Situación económica

A poco de asumir el ministro de Economía Alfonso Prat-Gay informó a la prensa que "la situación económica no es crítica, pero tenemos una herencia compleja".^[152]​ Mientras que Rogelio Frigerio el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina declaró que "No vamos a devaluar porque ya se devaluó demasiado".^[153]​

Eliminación de las retenciones

El 13 de diciembre, Macri oficializó la quita de retenciones que había anunciado previamente, eliminando los impuestos a las exportaciones al campo (solamente se mantendrá el de la soja, aunque un 5% menor).^[154]​ También anunció el final de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI) y los controles a las importaciones y exportaciones, así como la prórroga del programa Precios Cuidados.^[155]​

El mismo día se anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de minerales, medida que fue oficializada en el mes de febrero.^[156]​

Política energética e hidrocarburífera

En su sexto día (15/12) el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren declaró la emergencia energética hasta diciembre de 2017. Justificó dicha medida en el aumento en la cantidad y extensión de los cortes de suministro eléctrico.^[157]​ El exministro de Planeamiento Julio de Vido cuestionó dicha decisión y afirmó que los volúmenes de servicio "estaban completamente garantizados al finalizar su gestión".^[158]​

Durante los meses de febrero y marzo se realizaron cortes programados del servicio de electricidad en la mayor parte del país. Fue la primera vez que se realizaron ese tipo de medidas desde el año 1989.^[159]​

En enero de 2016 anunció fuertes aumentos en las tarifas de electricidad y gas, los cargos fijos de la boleta tendrán subas de hasta 378%, los cargos variables con subas de hasta 950%^[160]​ ^[161]​ En cuanto al gas en el interior del país el aumento de tarifas llegó a más del 2000%^[162]​ y 1600% en caso de consumos industriales.^[163]​ Hacía 2017 Argentina el país llegó a la más baja producción de crudo desde el año 1990, lo que representaría la menor producción en 27 años. Según algunos medios el cambio de orientación con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia el retorno a la dependencia del crudo importado para el abastecimiento interno. La disminución de la producción de petróleo en 2017 representa uno de los puntos más bajos de las últimas tres décadas. Desde los años ochenta, la actividad petrolera no llegaba a niveles tan bajos de extracción en la nación.^[164]​Mientras que la producción nacional cayó, importación de crudo aumentó un 326% en los primeros cinco meses del año 2017 respecto a igual período de 2015.^[165]​En tanto la pretolera estatal YPF reportó pérdidas en su balance por primera vez en 20 años, dando perdidas en 2016 de 28.379 millones de pesos en su resultado neto. La acción de YPF pasó de generar una ganancia de $ 11,68 en 2015 a una pérdida de $ 72,13 en 2016, lo que representó una suba en el perjuicio de 717%.^[166]​En 2017 se registró la peor caída de consumo residencial de gas en 25 años, debido a los tarifazos en el servicio aplicado por el gobierno de Cambiemos.^[167]​Ese año además los hogares consumieron menos gas que ningún otro año desde 1993, cuando comenzó la serie estadística.^[168]​

En septiembre de 2018 se anunció la suspensión de la construcción del Gasoducto del Noreste, que hubiera permitido conectar a la red de gas a las provincias de Formosa, Chaco y Misiones y al norte de la de Santa Fe, que aún dependen de las caras y peligrosas garrafas para acceder al combustible domiciliario.^[169]​

Emergencia estadística

El 30 de diciembre de 2015 el ministro de Economía Prat Gay anunció que había declarado la emergencia estadística, razón por la cual el gobierno "no publicará datos de la inflación hasta nuevo aviso" y que se estaba analizando la posibilidad de elaborar un índice alternativo. Prat Gay dijo respecto a las razones de la medida que "el Gobierno decretó la emergencia estadística, para recuperar la verdad" y "porque queremos que el Indec deje de mentir" ya que las estadísticas fueron fuertemente criticadas durante la gestión anterior. ^[170]​ Como consecuencia de esas críticas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) había empezado a trabajar con especialistas del Fondo Monetario Internacional para mejorar la calidad de sus estadísticas, aunque en el primer plazo se dijo que hubo "avances", no se corrigieron las "imprecisiones" por lo que el organismo decidió postergar el plazo, estableciendo el 15 de julio de 2016 como fecha máxima para implementar las observaciones realizadas y lograr el suministro de datos "precisos".^[171]​

Las declaraciones de emergencia dispuestas por el gobierno de Macri en varias áreas, fue cuestionada por periodistas como Tomas Lukin y el diario Página/12 y dirigentes del Frente para la Victoria, sosteniendo que la misma permite incumplir los procedimientos constitucionales y legales establecidos e institucionalizar la corrupción.^[172]​

Paralelamente fue designado Jorge Todesca quien se hallaba imputado penalmente por el fiscal en lo penal Emilio Guerberoff junto a su consultora Finsoport por supuesta falsedad en la elaboración de índices de inflación privados. En 2016 interventor decreto un apagón estadístico, por lo que no se publicaron los índices de inflación durante 8 meses y se decidió seleccionar los IPC de San Luis y de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) a modo de referencia. Meses después para el cálculo de febrero del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el Indec eligió el índice de San Luis que dio 2,7% cuando venía usando el de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 4% para usar el índice más bajo de inflación y pagar menos intereses.^[173]​Al mismo tiempo en 2017 los números oficiales del Indec mostraban una inflación sensiblemente menor que consultoras privadas y provinciales, mientras el IPC porteño calculaba una inflación 46% más alta que la del Indec en enero de 2017.^[174]​^[175]​siendo criticados los números de pobreza difundidos en 2016.^[176]​En 2017 se implementaron cambios sustanciales a la metodología de la EPH (Encuesta permanente de hogares)
por lo que diversos especialistas señalaron que se han realizado numerosos hallazgos acerca de inconsistencias en la EPH y en la metodología de medición de la pobreza que inauguró el Indec en 2016. ^[177]​Un año antes diversos especialistas advirtieron que el Gobierno nacional Mauricio Macri alteró la medición de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Total (CBT)^[178]​ En tanto el gobernador cordobés Juan Schiaretti criticó los índices de pobreza del Indec de Todesca diciendo que era “una vergüenza” y "una burla" que en tres meses la pobreza baje del 40,5% al 29% en el conglomerado urbano del gran Córdoba. ^[179]​ En tanto también el gobernador de San Juan criticó los índices de 2017 ya que el organismo había notificado que San Juan tenía el 43,6 por ciento de pobres y tres meses después informó que la pobreza en San Juan bajó al 26,4 por ciento,
17 puntos en tres meses^[180]​

En tanto un informe del Observatorio de Desarrollo Social bajo la metodología de medición CONEVAL se determinó que en el último año aumentó la inseguridad de 14,7% (2015) a 15,2% (2016). A la vez, se observó un crecimiento de la población bajo niveles de hacinamiento del 11,2% (2015) a 13,4% (2016), de déficit de servicio sanitario del 9,3% (2015) al 10,3% (2016) y de falta de acceso al sistema de seguridad social de 25,2% (2015) al 26,8% (2016). Ninguna de estas dimensiones e indicadores son evaluados en los datos del Indec a la hora de medir la pobreza^[181]​

En marzo de 2018 se presentó una iniciativa que nació desde el Ministerio de Hacienda, a cargo de Dujovne, para el cierre definitivo del Instituto Nacional de estadísticas y Censos. En reemplazo se crearía un organismo "dependiente" bajo la conducción del propio Ministro, eliminando la autarquía.^[182]​

Liberalización de los controles para compra de moneda extranjera

En el séptimo día (16/12) el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay anunció el fin de las limitaciones para la compra de moneda extranjera.^[183]​Al día siguiente se produjo una fuerte devaluación del peso, que modificó su cotización de 9,84 a 13,95 unidades por dólar, lo que representó una depreciación del 42%.^[184]​Aunque durante los días siguientes se experimentó una apreciación del peso que llevó su cotización a 13,30 por unidad,^[185]​volvió a subir a 14,70 a comienzos de febrero de 2016, con una tendencia al alza.^[186]​ Confirmando las advertencias que el ex-candidato Daniel Scioli había realizado en el debate presidencial,^[187]​ la decisión del gobierno produjo una devaluación de entre el 30% y el 40%, que Scioli calificó como parte de "un ajuste brutal".^[188]​

Durante la campaña electoral Macri había manifestado que la "devaluación no es la solución" a los problemas económicos de la Argentina y reiteró que si gana las elecciones aspira a tener un "dólar único" en diciembre. "La solución es bajar la inflación, se devalúa la moneda producto del proceso inflacionario que tiene que este gobierno".^[189]​ La devaluación fue cuestionada por figuras del Frente para la Victoria como el ex-ministro de Economía Axel Kicillof, sosteniendo que se trataba de un "programa económico que de alguna manera se había preanunciado, absolutamente ortodoxo y en consonancia con lo que planteó siempre el Fondo Monetario Internacional (FMI)".^[190]​

La devaluación provocó fuerte incrementos en productos de primera necesidad, entre ellos el aceite que aumentó un 51 %, la harina 110 %, el pollo 90 % y fideos 78 % entre otros, y un aumento del 50 % del precio de la carne en dos semanas.^[191]​ estas medidas provocaron que el peso experimente una devaluación cercana al 40%,^[192]​la mayor registrada desde 2002, cuando se puso fin a la convertibilidad.^[193]​Entre diciembre de 2015 y julio de 2017, el peso sufrió una devaluación cercana al 82%.^[194]​

Simultáneamente el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay afirmó que a nivel internacional se recibieron positivamente las nuevas medidas económicas de la Argentina, en particular la liberación del mercado de cambios.^[195]​

Pago de la deuda ante el juez Griesa

El diario Buenos Aires Herald dio a conocer que los fondos buitres Elliott Management y Aurelius Capital Management habían solicitado diversas medidas al juez Thomas P. Griesa con el fin de impedir que el gobierno argentino pudiera recibir fondos de diversos bancos internacionales para fortalecer sus reservas.^[196]​

En abril de 2016^[197]​ se llegó a un acuerdo y se les pagó a los acreedores con una quita del 27%^[198]​. Asi el juez Thomas Griesa levantó las cautelares que frenaban pagos a los tenedores de bonos argentinos en el exterior y Argentina salió del default.^[199]​

Disminución de subsidios a las empresas de servicios públicos y tarifazo

En marzo de 2016, el ministro de transportes, Guillermo Dietrich, anunció el aumento de las tarifas del agua y del sistema de transporte público en la ciudad de Buenos Aires, lo que afectaría en el corto plazo un alza del 100 por ciento de los precios de los boletos de colectivos, el Subte y el ferrocarril que conecta con el resto de la provincia.^[200]​

Como parte de la política energética implementada por el gobierno de Macri, en junio de 2016 y previo a los festejos por el Bicentenario de la Independencia de Argentina, fueron anunciadas medidas dirigidas a recortar el presupuesto destinado al subsidio estatal de los servicios públicos energéticos: agua potable y saneamiento, energía eléctrica e hidrocarburos (gas combustible y petróleo). La decisión fue justificada con el fin de evitar que el país entre en una crisis energética generalizada en todos los recursos. No obstante, los subsidios sólo fueron recortados en un tercio de su monto total.^[201]​

El presidente Macri salió en defensa de la medida en una actividad pública de Bahía Blanca, argumentando que contribuirá a la independencia energética del país, reduciendo las importaciones de gas natural, gas licuado del petróleo y electricidad, además pidió a los argentinos «ser austeros» con el consumo de los diversos tipos de energía.^[202]​

Los aumentos de tarifas resultaron muy altos en varios de los servicios públicos. Especialmente notorio fue el aumento de la tarifa de gas, que causó que algunos usuarios recibieran facturas por este servicio varias veces superiores al monto pagado el año anterior; en algunos casos, este aumento superó el 2000%.^[203]​

Una sala de la Cámara Federal de La Plata dictó una sentencia que anuló el incremento de las tarifas de gas, y adicionalmente obliga a las empresas a «retrotraer» los valores cobrados anteriormente al anuncio presidencial, así como también a devolver directamente a los usuarios todo el dinero que se haya cobrado eventualmente de más.^[204]​ Asimismo, un juez de la localidad de Lomas de Zamora, dispuso una medida cautelar ante un recurso presentado por un usuario local del servicio de agua potable, siendo la primera medida judicial en el país de esta naturaleza en contra del tarifazo.^[205]​

El 18 de agosto, la Corte Suprema de Justicia anuló el aumento en las tarifas de gas —aunque solamente para usuarios residenciales, que representan el 24% del consumo— y estableció que el Gobierno está obligado por ley a llamar a audiencias públicas antes de cualquier incremento de las tarifas de transporte y distribución, y para modificar el precio pagado en boca de pozo. También ordenó mantener las tarifas sociales que se habían establecido, y que el gobierno había anunciado que se iban a revertir en caso de que no se aprobara el tarifazo.^[206]​

Supervisión y recomendaciones del FMI

El 9 de noviembre de 2016 el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la primera misión de supervisión de la economía Argentina desde 2006, bajo las facultades denominadas "consulta del Artículo IV", del Convenio Constitutivo del FMI.^[207]​

Al concluir la misma el FMI remitió al gobierno argentino cinco recomendaciones:

1. Cambiar la fórmula de actualización de los beneficios de la seguridad social, reemplazándola por un índice según inflación (IPC), con el fin de reducir los aumentos, logrando un ahorro previsional;


2. Aumentar la edad de jubilación de las mujeres de 60 años a 65 años;


3. Reducir la jubilación promedio del 72% en que se encontraba en 2016, a un 60%;


4. Aumentar la cantidad de trabajadores registrados;


5. Separar la seguridad social (jubilaciones y pensiones) de la asistencia social (AUH, planes Progresar, Procrear, etc.), sacando de la Anses a estos últimos.^[208]​

Presupuesto 2017

El 15 de septiembre de 2016 Macri presentó al Congreso su primer presupuesto anual como presidente, estimando un crecimiento de 3,5%, una inflación entre 12 y 17% y un dólar que llegaría a $ 18,5 en diciembre de 2017 (partiendo de un precio de $15,20 al día de presentación del proyecto). El gobierno proyectó un déficit fiscal de 4,3%, a ser financiado con toma de nueva deuda externa estimada en 40.000 millones de dólares, equivalente al 10% del PIB. Entre los sectores con mayor reducción presupuestaria se encuentra el de ciencia y técnica, que pasó del 1.5% en 2016 al 1.3% en 2017. El monto total del presupuesto proyectado se estableció en $ 2.363.619.870.574.^[209]​
^[210]​
^[211]​
^[212]​
^[213]​

Endeudamiento

El presidente Macri impulsó una política de endeudamiento externo. La deuda pública total recibida por el gobierno de Macri en diciembre de 2015 era de 240.665 millones de dólares.^[215]​ El 31 de diciembre de 2016 la misma llegó a 275.446 millones de dólares y en julio de 2017 subió a 307.295 millones de dólares.^[215]​ Entre ambas fechas creció 66.630 millones de dólares, es decir un 27% de aumento en un año y medio.^[216]​ En esta última fecha el monto de la deuda representó el 53,7% del PBI, un porcentaje similar al de diciembre de 2015 luego de la devaluación impulsada por el presidente Macri en los primeros días de su gobierno, pero considerablemente mayor al 39,9% en que se encontraba antes de la devaluación.^[215]​

Durante el año 2016, más del 12% de la deuda mundial emitida lo fue por el Estado argentino, y desde enero a septiembre de 2017, el 20% de los bonos emitidos por estados soberanos en el mundo correspondió a emisiones argentinas.^[217]​

Expertos internacionales han considerado que el alto endeudamiento impulsado por el gobierno de Macri podría ser su "talón de Aquiles", debido a que las inversiones no son del todo directas y son consideradas "inversiones golondrina", con una alta tendencia a volver a salir del país en cualquier momento de incertidumbre o crisis internacional y "podría volverse a los escenarios del pasado".^[218]​

En el primer semestre de 2017 la deuda pública totalizó 307 295 millones de dólares (teniendo en cuenta los cupones de PBI sin pagar), lo que representa 56,2% del PBI. Esta deuda no incluye la deuda de la Nación con las provincias ni tampoco la de las emisiones de letras del Banco Central.^[219]​ Un sitio web especializado en el seguimiento de la deuda local concluyó que a fines de 2017 la deuda pública aumenta en razón de 1 204 dólares por segundo, incluyendo la correspondiente al Banco Central.^[220]​

Un informe de la agencia Bloomberg colocó a la Argentina en primer lugar en una lista de países emergentes en cuanto a emisión de deuda. El déficit fiscal fue cubierto con colocaciones de deuda cuantiosas, alcanzando los 42 000 millones de dólares entre 2016 y 2017. En la lista supera, incluso a China, la cual ocupa el segundo lugar.^[221]​

El 2 de enero de 2018, en un acto público, Macri afirmó que «No queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nietos la tengan que pagar»;^[222]​ ese mismo día firmó un decreto que autoriza al Ministerio de Finanzas a ampliar el permiso para emitir 15.000 millones de dólares adicionales de deuda externa con jurisdicción en Estados Unidos e Inglaterra.^[223]​

De acuerdo a un informe del Indec, a fin de marzo de 2018 la deuda externa del país ascendía a 253 741 millones de dólares,^[224]​ lo que significa un aumento de 86 329 millones más —casi un 52% más— que los 167 412 que el país debía al momento de asumir Macri la presidencia.^[225]​

Sociedad Arsat-Hughes

En julio de 2017 el gobierno firmó un contrato de asociación de la empresa satelital estatal ARSAT con la empresa estadounidense Hughes, para crear una nueva empresa Newco, con el fin de fabricar y operar el satélite Arsat III -tercero de la serie-, comercializando el servicio de Banda K.^[226]​

El aporte argentino a la nueva empresa fue de 230 millones de dólares (monto presupuestado para construir el tercer satélite de la serie Arsat), mientras que el capital aportado por la empresa estadounidense fue de 50 millones de dólares. Pese a ello Argentina cedió a Huges como mínimo el 51% de las acciones de la nueva empresa.^[226]​^[227]​

Macri fue criticado por la operación debido a que el contrato no fue examinado por el Congreso Nacional, cuando la Ley Nacional de Desarrollo Satelital Nº 27.208 así lo establece. La operación también fue objeto de debate sobre la naturaleza del contrato, ya que mientras la oposición y algunos especialistas sostuvieron que se trataba de una privatización, debido a que al tener la mayoría accionaria, la empresa estadounidense tenía el poder para tomar las decisiones sobre el satélite argentino. El gobierno negó terminantemente que se tratara de una privatización, sosteniendo que se trataba de una "asociación estratégica".^[226]​^[227]​

La política satelital del gobierno generó polémica debido a la decisión de autorizar la operación de 23 satélites extranjeros que compiten con el Arsat 2 y reducen la viabilidad del Arsat 3.^[228]​

Política antinflacionaria y pobreza

Eliminar la inflación fue una de las principales promesas de campaña de Macri. Durante la misma Macri declaró que "Eliminar la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy Presidente" (febrero de 2015),^[229]​ y que "la "primera meta será llevarla a un dígito en un par de años" (diciembre 2015).^[230]​

Al asumir la presidencia, la inflación era de aproximadamente el 25% anual.^[230]​ Un año después, la inflación de 2016 se ubicó en torno al 40%.^[231]​ Al cumplirse el segundo año, la inflación de 2017 midió 24,8%, virtualmente el mismo porcentaje que cuando inició su gobierno.^[232]​

En tanto el Instituto Gino Germani revela a principios de 2018 que desde fines de 2015 se sumaron 4,8 millones de pobres. La pobreza pasó del 24 al 36 por ciento. Los datos del Indec quedaron bajo sospecha desde que la ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares Cynthia Pok renunció en 2017, denunciando presiones para falsear el índice de pobreza.^[233]​

Política laboral

Reclamo sindical por inflación

La devaluación unificó a los sindicatos, que exigieron al gobierno un bono de fin de año para compensar la caída del salario real.^[234]​ Uno de los líderes sindicales, Hugo Moyano, si bien responsabilizó de la devaluación al gobierno saliente,^[235]​ advirtió que, ya que el gobierno había sido muy generoso con muchos sectores de la sociedad, esperaba que tomase la decisión de pedirles a las empresas que pagaran ese bono, que consideró "mínimo". Ante los reclamos sindicales, el Ministerio de Trabajo comunicó que "el bono no está agenda",^[234]​ mientras que el Ministro de Agricultura Ricardo Buryaile replicó que, en lugar de eso, se iba a subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.^[234]​

El 21 de diciembre el secretario general de la CGT Antonio Caló expresó críticas por el aumento de la inflación desde "la salida del cepo" y declaró que el movimiento obrero estaba esperando ser recibido por el presidente Macri, ya que "con la salida del cepo y los aumentos de precios, los trabajadores somos los que más lo sufrimos." Tras considerar que todos los rubros habían aumentado ya un 30 o 40 por ciento, se mostró abierto al diálogo para fijar de acuerdo con el gobierno una cifra.^[236]​

La Fundación Mediterránea, por su parte, presentó un informe en el que sostenía que la devaluación, la quita de retenciones a las exportaciones y el ajuste de tarifas afectarían los precios, haciendo que la inflación "se acelere en el corto plazo".^[237]​

En respuesta al pedido de bonos por los sindicalistas la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, expuso que, desde su asunción el 10 de diciembre, la prioridad de su gobierno era conservar el empleo y garantizar sueldos y aguinaldos "que no estaban garantizados," agregando que la provincia no estaba en condiciones de afrontar un bono de fin de año.^[238]​

El (21/12) Macri anunció una ayuda extraordinaria de fin de año de $400 para las personas que cobran la AUH y la jubilación mínima.^[239]​ Macri explicó que el bono se debía al aumento de la inflación, a la que llamó "deslizamientos de precios". En la misma conferencia anunció que no daría el bono de fin de año en el Estado Nacional, que reclamaban los sindicatos debido al aumento de precios, y que "lo que haga el sector privado dependerá de cada empresa y cada condición".^[240]​

21F

El 21 de febrero de 2018 se llevó a cabo una masiva manifestación contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri. La marcha organizada por la CGT tuvo como punto central de concentración la Avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires y se replicó en las principales ciudades del país. El acto central reunió entre 400 000 y 500 000 personas.^[241]​^[242]​ La marcha fue organizada bajo la premisa de proteger el trabajo argentino y como una forma de protesta generalizada contra las medidas de ajuste económico adoptadas por las autoridades.^[243]​

Despidos

Desde el inicio de la presidencia de Macri se produjeron miles de despidos en todo el país, lo que aumentó la tasa de desempleo más del 0.5%. Entre enero y febrero de 2016 se habrían producido 110 000 despidos, según la medición de la consultora Tendencias Económicas,^[244]​ 107 000 de acuerdo a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL),^[245]​ 68 563 despidos colectivos "y amenazas de despidos" según el Observatorio de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)^[246]​^[247]​ La Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo (ART) afirmó que disminuyeron casi 90 000 trabajadores asegurados, pasando de 9 869 790 empleados formales en diciembre del año anterior a 9 780 163 en marzo de 2016.^[248]​ El 16 de mayo, el CEPA informó que se habían producido 154 786 despidos hasta el 30 de abril.^[249]​

De ese total, 54 000 despidos tuvieron lugar en el sector de la construcción, debiéndose principalmente a los atrasos en los pagos de certificados en la obra pública,^[245]​ aunque según algunas fuentes los atrasos habían comenzado antes de la asunción de Macri.^[250]​ De acuerdo al gobernador de la provincia de Santa Fe, las razones de los despidos en la industria —sector en el que los despidos fueron importantes— fueron la caída de la demanda, la incertidumbre sobre el rumbo de la economía, el aumento de las tarifas energéticas y el de las importaciones.^[251]​ En noviembre de 2015, el empleo industrial totalizaba 1 256 400, bajando en abril de 2017 a 1 202 200 empleados, unos 54 000 empleados menos.^[252]​

Otra área donde se produjeron despidos fueron los medios de comunicación afines al gobierno kirchnerista —como aquellos propiedad de Lázaro Báez, Cristóbal López o Sergio Szpolski— que recibían pauta publicitaria estatal, la cual fue modificada por el nuevo gobierno. Al disminuir los ingresos por ese concepto, redujeron gastos, incluyendo los gastos en personal.^[253]​^[254]​

De acuerdo con un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 se habrían producido en el país un total de 141 542 despidos, de los cuales 80 446 despidos en el sector privado —71,9 % en el sector construcción, 23,4 % en la industria y 4,7  por ciento% en el sector servicios— y 61 096 en el sector público,^[255]​ totalizando alrededor de 30 000 despidos en la administración pública nacional, provincial y municipal.^[245]​ Dentro de este último, el gobierno nacional sería responsable del 47,8 %, incluyendo un 8,5 % correspondiente a entes descentralizados.^[255]​

El Ministro de Modernización afirmó a fines de febrero que se estaban revisando "24, 25 mil contratos" para realizar más despidos.^[256]​ En el mes de abril, el mismo ministro reconoció que 10 921 trabajadores del Estado nacional fueron despedidos en los últimos tres meses, de los que afirmó que habrían sido empleados que no trabajaban, o que habrían pasado pocas horas en las dependencias respectivas.^[257]​ Los despidos fueron numerosos en áreas tales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), del Espacio Memoria y Derechos Humanos y otras áreas del Ministerio de Justicia,^[258]​ en dependencias de control de la Secretaría de Comercio^[259]​ y de la Unidad de Investigación Financiera, lo que ha sido denunciado como un intento de desmantelar programas de control de delitos económicos^[260]​ y —según Estela de Carlotto— de defensa de los derechos humanos.^[261]​ En los últimos días de febrero y principios de marzo se produjeron nuevos despidos,^[262]​ incluyendo el presunto desmantelamiento de programas de estado tales como Conectar Igualdad, cuyos empleados habrían sido despedidos en su totalidad^[263]​ —aunque el gobierno desmintió que la intención fuera desmantelar el proyecto—,^[264]​ cientos de empleados en la construcción de la central nuclear Atucha III,^[265]​ y de la Biblioteca Nacional,^[266]​ entre otras áreas.^{[Nota 2]}​

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) realizó una huelga y jornada de protesta el 24 de febrero, en rechazo de los "despidos de trabajadores, el ajuste, la criminalización de la protesta social" y en reclamo de la realización de "paritarias libres",^[268]​ reuniendo 50 000 manifestantes en Plaza de Mayo.^[269]​

Según el ministro de Hacienda, los despidos del sector privado eran parte de la herencia dejada por el gobierno anterior.^[270]​ En su discurso de inauguración del período legislativo de 2016, el presidente Macri sostuvo que durante el gobierno anterior "aumentó el empleo público pero sin mejorar los servicios que presta el Estado" y que "se camufló el desempleo con empleo público".^[271]​ A fines de marzo, en una entrevista, afirmó que durante los "últimos 12 o 13 años" se habrían generado "un millón y medio de empleados públicos más".^[272]​

En los meses de julio y agosto se produjeron casi 29 000 despidos más, con lo cual los despidos totales desde el mes de diciembre se elevaron a más de 208 000, de los cuales un tercio son empleados del sector público.^[273]​ En el mes de agosto, la AFIP reconoció la pérdida neta de 97 219 empleos formales registrados durante los primeros cinco meses del año 2016.^[274]​ El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos, informó que en el segundo trimestre del año 2016 la desocupación llegó al 9,3%, lo que significa que 1 165 000 personas estaban desempleadas. El mismo organismo había informado que la desocupación durante el tercer trimestre de 2015 era del 5,9%.^[275]​

En el primer trimestre de 2017 la tasa de desempleo creció al 9,2%,^[276]​ el nivel más alto en los últimos diez años.^[277]​ El desempleo tocó un piso de 7,2% en el cuarto trimestre de 2017^[278]​ para luego subir a 9,1% en el primer trimestre de 2018^[279]​

Aumento de la planta política y precarización laboral

En paralelo de los despidos de empleados estatales, diversas fuentes indican que el gobierno macrista generó un crecimiento "sin precedentes desde el retorno de la democracia", de funcionarios políticos con rangos de ministros, secretarios y subsecretarios. De acuerdo al Boletín Oficial, las secretarías de Estado pasaron de 71 el 10 de diciembre de 2015 a 88 al 31 de marzo. Se ha calculado que el crecimiento es de alrededor del 23% en designaciones políticas permiten proyectar la generación de, por lo menos, 80 nuevas direcciones nacionales y 240 nuevos cargos de directores simples y coordinadores.^[280]​

En el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se crearon 351 cargos nuevos hasta agosto de 2016, con sueldos que en trece casos ascendieron a los $ 161 000, con un promedio de más de $ 78 000 —más de once salarios mínimos— lo que genera un aumento del gasto en salarios de personal jerárquico de más de 27 millones de pesos. En el mismo período, el PAMI hizo fuertes recortes en el programa de medicamentos, se atrasó en los pagos con las farmacias y dejó de abastecer ciertos insumos, como las prótesis de cadera, a los hospitales y clínicas.^[281]​

En el mes de mayo, el gobierno anunció la firma de un acuerdo con el gobierno nacional para crear cinco mil nuevos puestos de trabajo para jóvenes de 18 a 23 años bajo el Plan Primer Empleo;^[282]​ la medida ha sido duramente criticada, ya que incluye un sueldo de $4500 por mes —muy inferior al salario mínimo, que a esa fecha era de $6060— de los cuales $1000 serán aportados por el Estado nacional, a cambio de 30 horas de trabajo semanales, y sin garantía alguna de estabilidad laboral, lo que los convierte en empleos precarios.^[283]​ Adicionalmente, no hay garantía de que esos 5000 puestos sean adicionales a los que ya existen, en lugar de reemplazar a los empleados actuales —con sueldos mayores— por nuevos empleados con sueldos inferiores.^[284]​

Impuesto a las ganancias para trabajadores

Durante su campaña electoral, el entonces Jefe de Gobierno porteño prometió que, durante su gobierno, los trabajadores no pagarían el impuesto a las ganancias.^[285]​ No obstante, ese impuesto no fue derogado durante los primeros nueve meses de gobierno, y el 15 de septiembre de 2016, el ministro Prat-Gay anunció que el presupuesto para el año 2017 no incluye la eliminación de ese impuesto, aunque anunció un aumento del mínimo no imponible del 15% —muy inferior tanto a la inflación ya acumulada como a los aumentos de sueldo pactados para el año 2016— y una modificación de la escala de tributación, de la que no dio detalles.^[286]​ El diputado del Frente Renovador, Facundo Moyano, reveló que por esa razón, en el año 2016 "va a haber tributando más trabajadores que en cualquier periodo del kichnerismo".^[287]​

En marzo de 2017, pagaron el impuesto a las ganancias 1 765 975 trabajadores en relación de dependencia, que resultan ser 588 871 trabajadores más que al final del gobierno de Cristina Kirchner, es decir un aumento del 33% en 16 meses.^[288]​ Según números oficiales publicados en abril de 2018, el número de trabajadores que pagaron el impuesto a las ganancias en diciembre anterior fue de 2 207 577, es decir un 78% más que al principio del gobierno de Macri. Es el segundo número más alto de contribuyentes de ese impuesto en la historia argentina, sólo ligeramente superado por el máximo histórico del año 2013.^[289]​

Reformas previsional y tributaria

Luego de las elecciones de 2017 y como resultado de las recomendaciones del FMI y del Consenso Fiscal con los gobernadores del 16 de noviembre de 2017, Macri envió al Senado tres proyectos: de reforma previsional, de responsabilidad fiscal y de consenso fiscal.^{[cita requerida]}

El paquete se completó con un proyecto de reforma tributaria iniciado en la Cámara de Diputados, con una reforma de carácter gradual y con un plazo de cinco años (para 2022) para reducir la presión tributaria equivalente al 1,5% del PBI, promueve la rebaja de impuestos distorsivos, grava la renta financiera y modifica gravámenes internos.^[290]​ La reforma incluye tanto aumento y creación de impuestos nuevos como la disminución de impuestos preexistentes, por ejemplo:^[291]​

• Se reduce del 29% al 26% de la alícuota a las bebidas espirituosas.


• Se graba con el 21% de IVA a los servicios digitales.


• Se reduce del 21% al 10,5% el IVA en pollos, cerdos y conejos.^{[cita requerida]}
  


• Se crea un impuesto por Enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles situados en el país del 15%


• Se exceptúa de pagar el impuesto a las Ganancias a los inversores no residentes, salvo en el caso que hayan invertido en Lebacs


• Se crea un impuesto a la renta financiera.


• Se reduce la alícuota del impuesto a las Ganancias de 35% a 25% y se establece la devolución anticipada de saldos de IVA por las inversiones que hagan las compañías a largo plazo.


• Las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de 12 mil pesos para 2022

El corazón del paquete era el cambio de la fórmula con la que se venían actualizando los beneficios de la seguridad social (jubilaciones, pensiones, AUH, etc.), adoptando la recomendación del FMI de actualizar los beneficios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC),^[292]​ con el fin de generar un ahorro previsional, estimado entre 80.000 y 100.000 millones de pesos (equivalentes a 4600 y 5500 millones de dólares).^[149]​^[147]​^[293]​ El proyecto incluía también la supresión de los regímenes especiales de jubilación, como el de los docentes. Entre otras normas, el paquete incluyó también la eliminación del porcentaje del Impuesto a las Ganancias destinado a la seguridad social (ANSES), para ser destinado a las provincias, un aporte de $65.000 millones (equivalentes a unos 4000 millones de dólares) a la provincia de Buenos Aires y el compromiso de no aumentar el gasto público, ni contratar más empleados estatales.^[293]​

En el Senado el proyecto fue modificado estableciendo una fórmula mixta, combinando el índice de precios al consumidor, con el índice de los salarios del sector formal (índice RIPTE).^[293]​ El 30 de noviembre el Senado aprobó los tres proyectos por amplia mayoría: la reforma previsional fue aprobada por 43 votos a favor y 23 en contra, el proyecto de ley de Consenso Fiscal tuvo 52 votos a favor y 15 en contra, y el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal fue aprobado por 53 votos a favor y 14 en contra.^[294]​ Los proyectos fueron aprobados con el voto de los senadores oficialistas de Cambiemos y un sector considerable del bloque peronista, liderado por Miguel Ángel Pichetto, quien declaró que votar la ley había sido una "ingrata tarea". Entre los senadores que lideraron la votación en contra se destacaron Adolfo Rodríguez Saa -peronista de la Alianza Compromiso Federal- y Marilin Sacnun -peronista kirchnerista-.^[295]​

Un sector importante del sindicalismo y de los movimientos sociales organizó una marcha de protesta al Congreso de la Nación para oponerse al proyecto de reforma previsional, con la consigna "No es reforma, es ajuste".^[296]​

El 14 de diciembre se produjo un grave conflicto y una crisis política, calificada como "día de furia" por algunos medios, cuando la Cámara de Diputados convocó a sus miembros a tratar el proyecto aprobado en el Senado.^[297]​^[298]​ Dentro del recinto la sesión se cayó por pedido de Elisa Carrió, cuando la oposición acusó al oficialismo de reunir el cuórum con personas que no estaban habilitadas como diputadas,^[299]​ en medio de un escándalo en el que se produjeron intentos de agresión física, con acusaciones y denuncias penales cruzadas entre funcionarios.^[297]​ Fuera del recinto, en las calles, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich envió gran cantidad de agentes de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal para montar un operativo de vallado de varias manzanas, con el fin de impedir que manifestantes opositores se acercaran al Congreso Nacional.^[298]​ Pese a ello se produjeron violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, en los que resultaron heridos varios diputados, periodistas y ciudadanos, y fueron detenidas varias decenas de personas. El despliegue y la acción represiva dispuesta por la ministra Bullrich, fue criticada por las diversas expresiones de la oposición, organizaciones de derechos humanos y algunas figuras destacadas de Cambiemos, como la diputada Carrió y Ricardo Alfonsín.^[300]​ Luego de las críticas, en el más alto nivel se tomó la decisión de desplazar a la ministra Bullrich del mando del operativo de seguridad en el Congreso, para atribuírselo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta.^[301]​

Inmediatamente después de fracasada la sesión de la Cámara de Diputados, el presidente Macri se reunió con su gabinete para analizar la situación y ordenó redactar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para aprobar la reforma previsional. El DNU fue firmado por todos los ministros y varios medios de comunicación anunciaron la inminencia de su sanción por parte del presidente. En esa situación la Confederación General del Trabajo emitió una declaración en la que anunció que si el presidente Macri firmaba el DNU, declararía de inmediato una huelga general.^[302]​ Poco después la diputada oficialista Elisa Carrió hizo público un mensaje por Twitter en el que criticaba la intención del gobierno de sancionar el DNU, sosteniendo que se trataría de una grave violación a la Constitución Nacional.^[303]​ Luego de esos dos hechos los medios anunciaron que Macri había decidido no dictar el DNU.^[304]​

El lunes 18 de diciembre los diputados fueron convocados nuevamente para tratar la reforma previsional y tributaria. El presidente Macri convocó simultáneamente a la Casa Rosada a los gobernadores de provincia, con el fin ratificar el apoyo al proyecto derivado de Consenso Fiscal y presionar a los diputados.^[305]​ Al igual que en la frustrada reunión anterior, fue vallada una área de varias manzanas para evitar que los manifestantes puedan acercarse al Congreso Nacional.^[306]​ Por su parte la Confederación General del Trabajo declaró una huelga general de 24 horas que se inició a las doce del mediodía. Una gran multitud, estimada en 500.000 personas ocupó la plaza de los Dos Congresos y la Avenida de Mayo para protestar contra la ley.^[307]​ Luego del mediodía se desató una batalla campal entre algunos manifestantes y la policía, con decenas de heridos y detenidos, y críticas cruzadas por la responsabilidad de la violencia;^[308]​ el oficialismo sostuvo que se trató de un intento de golpe de estado.^[309]​ Por la noche, ya retirados los manifestantes, se inició un cacerolazo en el que participaron decenas de miles de vecinos, que comenzaron a salir de sus casas para reunirse espontáneamente y hacer sonar sus cacerolas en señal de protesta en diversos barrios de Buenos Aires y otras ciudades del país.^[310]​ Finalmente, en la madrugada del día 19 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma previsional, por 128 votos a favor y 116 en contra; veinte diputados opositores votaron a favor del proyecto.^[311]​

Diversas asociaciones de periodistas repudiaron la violencia ejercida contra al menos 23 periodistas, 13 de los cuales fueron heridos por las fuerzas de seguridad (el caso más grave fue el del fotógrafo Juan Pablo Barrientos de Revista Cítrica baleado con más de 20 impactos de bala de goma) y 10 por grupos de manifestantes (el caso más grave fue el del comentarista Julio Bazán del grupo Clarín al que le arrojaron brasas candentes).^[312]​ La Academia Nacional de Periodismo consideró que la violencia contra los periodistas constituía una "involución intolerable".^[312]​

Escándalo del ministro Triaca

En enero de 2018 se viralizó por las redes sociales un audio en el que el ministro de Trabajo Jorge Triaca despedía a una mujer, por medio de maltratos e insultos. El hecho generó un escándalo debido a que se descubrió que la mujer era Sandra Heredia, una empleada doméstica de su hermano, que no había sido registraba legalmente. El escándalo se extendió cuando salió a la luz que el ministro Triaca también había nombrado a Sandra Heredia como "delegada interventora" del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), sin siquiera contar con ninguna experiencia sindical.^[313]​

A raíz del escándalo el ministro Triaca fue denunciado penalmente por desviar fondos del sindicato marítimo,^[314]​ a la vez que la Oficina Anticorrupción del propio gobierno inició una investigación de los hechos.^[315]​

El "escándalo Sandra" sacó a la luz también que gran cantidad de familiares de Triaca habían sido contratados por el gobierno, en un grave caso de nepotismo.^[316]​ Diversos sectores de la prensa, los partidos de oposición y el sindicalismo reclamaron la renuncia de Triaca.^[317]​

Finalmente Triaca presentó su renuncia, pero el presidente Macri no la aceptó, dándole un "respaldo total";^[318]​ Algunas semanas más tarde, Macri sancionó un decreto para reducir el nepotismo, prohibiendo que en el Estado nacional se contraten sin concurso a personas que sean hermanos, hijos, padres o parejas de los funcionarios del gobierno nacional.^[319]​ No obstante, solamente doce funcionarios fueron alcanzados por el publicitado decreto.^[320]​ Unas semanas después estalló otro escándalo vinculado a Triaca, cuando su hermana Lorena Triaca, fue imputada penalmente por un caso de corrupción política, cuando se desempeñaba en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio internacional, y dispuso la contratación de una empresa de la que ella era socia.^[321]​

El escándalo Triaca constituyó un factor importante de la caída de la imagen de Macri a partir de diciembre de 2017, incluyendo un 20% de votantes de Cambiemos que según los sondeos de opinión desaprueban la gestión presidencial.^[322]​

Política internacional

Soberanía de las Islas Malvinas

El 20 de septiembre de 2016 Mauricio Macri anunció al hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante la prensa internacional, que Gran Bretaña había aceptado iniciar el diálogo con Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, tal como lo mandan las resoluciones de la propia Naciones Unidas.^[323]​
^[324]​ Al día siguiente el gobierno británico negó que las afirmaciones de Macri fueran ciertas y sostuvo que la primera ministra Theresa May nunca habló con el presidente argentino de soberanía.^[325]​ Macri sin embargo ratificó ese mismo día sus dichos y confirmó que la primera ministra británica le había dicho que el Reino Unido había aceptado incluir el tema de soberanía en el diálogo entre ambos países.^[326]​ En una tercera declaración, Macri admitió que no habló de soberanía con la premier británica.^[327]​

Actuación en las elecciones presidenciales de EE. UU. y Chile

Macri adoptó posiciones activas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y Chile de 2017, algo inusual en el protocolo diplomático.^[328]​

En el caso de Estados Unidos, Macri manifestó expresamente su apoyo a Hillary Clinton debido a su postura dialoguista, cuestionando a Trump porque "levanta muros".^[329]​ La primera ministra de Relaciones Exteriores de Macri, Susana Malcorra, también expresó públicamente su favoritismo por Clinton y consideró que el eventual triunfo de Trump era un "riesgo", criticándolo por el "contenido de xenofobia" de sus propuestas electorales.^[330]​

En el caso de Chile, Macri grabó un video para la campaña electoral de Sebastián Piñera, en el que le habló al "pueblo chileno" y manifestó que no podía "ser objetivo" en las elecciones presidenciales de Chile, porque tenía una "gran amistad" con Piñera, a quien dijo admirar.^[328]​ El hecho motivó un pedido de explicaciones del canciller chileno Heraldo Muñoz al gobierno argentino y una advertencia, recordando el “ejercicio electoral (de la segunda vuelta del domingo) les compete exclusivamente a los chilenos”.^[331]​

Defensa Nacional

Denuncia de compra de armamentos

Entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, diversos medios de comunicación informaron que Macri habría realizado la mayor compra de armamentos de la democracia moderna, solo comparable al gasto en armamentos realizado por la última dictadura militar durante la Guerra de Malvinas.^[332]​^[333]​^[334]​ Las compras se habrían realizaron en secreto en Estados Unidos, por un monto superior a los 2000 millones de dólares, y habrían incluido aviones y barcos de guerra, misiles, tanques y helicópteros.^[332]​^[333]​^[334]​ Por este motivo la oposición pidió interpelar a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, pero el gobierno negó la compra.^[334]​

Desaparición del submarino ARA San Juan (S-42)

El 15 de noviembre de 2017 a las 7:30 (hora local) el submarino ARA San Juan desapareció en aguas del Mar Argentino con 44 tripulantes a bordo en un viaje de regreso a su apostadero en la Base Naval Mar del Plata. Su última ubicación se reportó a 240 millas náuticas (432 kilómetros) de la costa, entre el golfo de San Jorge y las Islas Malvinas. El hecho trascendió a la prensa a la noche del día siguiente y fue informado oficialmente dos días después, mediante un comunicado oficial de la Armada Argentina.^[335]​

La autoridades políticas y la fuerza militar quedaron en el foco de las críticas por el manejo de la información, el estado en que se encontraba el submarino y las causas de su desaparición, produciéndose una inédita crisis en la Armada que llevó a la remoción de la cúpula.^[336]​

Política judicial

Conflicto con la Procuración General

En su segundo día de gobierno organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel cuestionaron las presiones del presidente Macri contra la procuradora general del Ministerio Público (organismo externo al Poder Ejecutivo) Alejandra Gils Carbó con el fin de provocar su renuncia, expresando su solidaridad con la funcionaria.^[337]​ La vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, había confirmado que el cargo de procurador general es vitalicio y por lo tanto "la única manera de dejarlo es a través de un juicio político".^[338]​ El premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel coincidió con esa apreciación, y afirmó también que "está haciendo un muy buen trabajo".^[339]​

Desde Cambiemos sostuvieron que la procuradora general Gils Carbó no puede desempeñar correctamente sus funciones objetivamente por ser abiertamente "militante".^[340]​

Designación de miembros de la Corte Suprema

En su quinto día (14/12) Macri nombró por decreto en comisión a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.^[341]​ La decisión provocó que el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti declarara a la prensa que "los dos son bienvenidos".^[342]​

La decisión fue criticada por políticos de varios partidos como Miguel Ángel Pichetto,^[343]​ Julio Cobos,^[344]​ Margarita Stolbizer,^[345]​ José Manuel de la Sota,^[346]​Elisa Carrió,^[347]​ periodistas como Joaquín Morales Solá,^[348]​ Mario Wainfeld,^[349]​ juristas como Eugenio Zaffaroni,^[350]​ Daniel Sabsay,^[351]​ León Arslanián,^[352]​ Andrés Gil Domínguez,^[352]​^[353]​ y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel,^[354]​ entre otras personalidades, utilizando duros términos para cuestionar la decisión de Macri por considerarla inconstitucional, antirepublicana, dañina para las instituciones y autoritaria, demandando la anulación de la misma. Sergio Massa declaró que los jueces son impecables, pero la forma le pareció "horrible".^[355]​

La prensa informó también que el estudio jurídico de Rosenkrantz tenía entre sus principales clientes al Grupo Clarin.^[356]​ El bloque de Senadores del Frente para la Victoria anunció también que si los jueces nombrados jurasen en comisión de acuerdo al decreto sancionado por Macri, ese sólo hecho sería causa suficiente para no dar su voto de aprobación a los pliegos cuando debieran tratarlos cumpliendo la Constitución.^[357]​

Con respecto al frente oficialista Cambiemos, la mayoría de sus figuras se pronunciaron a favor, aunque un sector se pronunció en contra. Entre las figuras que expresaron su apoyo a la designación por decreto de los jueces de la Corte se encontraban la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, y la legisladora porteña Graciela Ocaña.^[358]​ Uno de los autores intelectuales del decreto Fabián Rodríguez Simón perteneciente al PRO, sostuvo a su vez que "quizás hubiera merecido ser más prolijo, la forma de haber llegado, quizás fue un apresuramiento, pero las políticas no son judiciables”.^[359]​ La UCR estuvo dividida: su presidente José Manuel Corral,^[360]​ Ernesto Sanz^[361]​ y otros estuvieron a favor de la misma, mientras se opusieron el senador Julio Cobos, el diputado nacional Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra.^[362]​

En el criterio de quienes defendieron la medida, se trataría de un atributo de gobernabilidad que tendría el presidente, que estaría avalado constitucionalmente, subrayándose que la decisión del presidente no interferiría en el proceso de designación y posterior aprobación de los candidatos para la Corte Suprema. Además la misma comenzaría en marzo, cuando reabriera el Congreso, el cual podría haber rechazado a estos magistrados y proponer otros, agregando que el decreto 222 preveía la participación ciudadana en el proceso de selección.^[363]​ Dicho atributo fue utilizado por Raúl Alfonsín en la designación de jueces de la Cámara Federal, aunque nunca se utilizó —excepto por dictaduras— para nombrar jueces de la Corte Suprema.^[364]​ En el criterio de quienes cuestionaron se destaca la opinión del jurista Gil Lavedra, sosteniendo que la decisión sentó "un precedente muy siniestro, muy malo, porque cualquier presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano".^[365]​

Tras los cuestionamientos contra el decreto y una reunión con el presidente de la Suprema Corte Ricardo Lorenzetti, ambos decidieron que los nuevos jueces asumirían en febrero, después de la feria judicial de verano.^[366]​

Por su parte, la ex candidata por el Frente Progresista Margarita Stolbizer y el ex candidato por los Unidos por una Nueva Aternativa Sergio Massa, realizaron una declaración conjunta solicitándole al presidente Macri que revea su decisión de nombrar a los miembros de la Corte por decreto.^[367]​

El día 21 de diciembre, el juez Ramos Padilla dictó una medida cautelar contra el nombramiento, invalidando las designaciones, ya que "a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta".^[368]​

Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, afirmó, refiriéndose a los gobiernos anteriores:

Conozco muy bien a los dos jueces que van a venir, es gente de prestigio, son muy serios, pero la decisión la toma el Senado. Se han nominado dos jueces para cubrir vacantes, es normal, no significa que haya un cambio pendular. Antes con los cambios de Gobierno se suprimía toda la Corte, se cambiaba toda la jurisprudencia. Esta es la primera vez en la historia que la Corte continúa.^[369]​

Crisis de la Corte Suprema

En el segundo semestre de 2018 la Presidencia de la Nación, con el apoyo de la diputada Elisa Carrió, una de las líderes de Cambiemos, promovieron el desplazamiento de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema, y su reemplazo por Carlos Rosenkrantz, lo que finalmente sucedió el 11 de septiembre de 2018, en una votación sorpresiva, resuelta por mínima diferencia 3-2 (Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti, contra Lorenzetti y Maqueda).^[370]​^[371]​ La maniobra abrió una fuerte confrontación en el seno del Poder Judicial, porque Lorenzetti rápidamente se recompuso y logró el apoyo de Horacio Rosatti, sumado al de Maqueda, resolver por mayoría el 6 de noviembre de 2018 un caso en contra del Estado Nacional y a favor de la provincia de La Pampa en un juicio sobre impuestos.^[370]​ Ese mismo día, en un evento sin antecedentes en la historia argentina, Macri invitó a Rosenkrantz y Highton a almorzar en la Casa Rosada, mientras los otros tres miembros declinaron la invitación por considerarla inapropiada.^[370]​^[372]​

Pocos días después, Rosenkrantz no pudo impedir que los otros cuatro miembros dictaran un fallo clave sobre la nulidad de la reducción de las penas de los criminales condenados por delitos de lesa humanidad, dejando en soledad a Rosenkrantz.^[370]​

A partir de ese momento Rosenkrantz no logró obtener una mayoría para tomar las decisiones de la Corte y Lorenzetti por el contrario impulsó un esquema de voto personalista que impuso un cronograma de casos que el Poder Ejecutivo quería demorar.^[370]​ En diciembre de 2018 la Corte dejó trascender que resolvería un caso de gran importancia para el Poder Ejecutivo Nacional, sobre el índice de actualización que debía utilizarse en cientos de miles de reclamos de jubilados. El periodista del diario La Nación Carlos Pagni reveló que el ministro Garavano fue hasta el despacho de la jueza Highton de Nolasco para presionarla y que el propio Macri habló con Lorenzetti por el caso:^[373]​^[374]​

Lo importante es que el gobierno mira a la Corte con inquietud. De hecho hubo una comunicación del presidente, Mauricio Macri, con Ricardo Lorenzetti, una comunicación bastante dura. Aparentemente por lo que trascendió de esa conversación Macri le dijo a Lorenzetti que esta era el "pasa o no pasa" en la relación entre ambos.

Carlos Pagni^[373]​

Pese a las gestiones del Poder Ejecutivo sobre los miembros de la Corte, el 18 de diciembre de 2018 el máximo tribunal falló en contra del Estado Nacional, dándole la razón a los jubilados que habían iniciado juicio contra la reforma previsional realizada por Cambiemos.^[373]​

Al día siguiente, 19 de diciembre, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, aprobaron una acordada quitándole todo el poder real a la presidencia de Rosenkrantz, dejándole solamente algunas funciones protocolares, y disponiendo que todas las decisiones de la Corte debían en adelante tomarse por mayoría, decisión que fue rechazada por Rosenkrantz por considerarla ilegal. Highton por su parte, no apoyó a ninguna de las dos partes.^[375]​

Comunicaciones y medios

Macri designó ministro de Comunicaciones al dirigente radical cordobés Oscar Aguad. Dos días después de asumir su cargo Aguad declaró públicamente que el gobierno estaba contra la Ley de Medios y a favor de la libertad de expresión y de la libre competencia de los medios de comunicación en el mercado. Ante la pregunta de un periodista sobre cuál sería la política del gobierno frente a la Ley de Medios, Aguad contestó que se seguiría una filosofía opuesta a la del kirchnerismo, garantizando la libertad de expresión y dejando que los medios compitan entre sí en el mercado de la manera tradicional.^[376]​^[377]​ Ese mismo día el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Martín Sabbatella le respondió al ministro Aguad mediante un comunicado en el cual lo acusaba de intentar beneficiar al grupo Clarín.^[378]​^[377]​^[376]​Según los informes de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se determinó que el gasto en publicidad oficial se cuadruplicó de diciembre del 2015 a junio del 2016.^[379]​ En tanto en su segundo año de gobierno aumentó un 205% el gasto en publicidad. Coincidiendo con el año electoral, el presupuesto en publicidad y pauta oficial pasó de 1.881 millones en 2016 a 4.130 millones de pesos en 2017.^[380]​

En mayo de 2016, una de las primeras medidas del Enacom fue facilitar una orden de allanamiento contra Barricada TV, canal televisivo comunitario. La entidad destinada a regular los medios de comunicación y las telecomunicaciones se involucró en una causa contra el canal comunitario y facilitó la intervención y el uso de la fuerza, esto estaría vinculado a las investigaciones de la radio comunitaria contra una empresa ligada la dictadura.^[381]​ También se denunció en 2016 que tres canales comunitarios ganaron concursos y licencias legales, pero pese a ello no se les asignaron señales. Uno de los canales advirtió que Canal Trece, del Grupo Clarín, seguía operando con su licencia vencida para la frecuencia que ganó canal 33.^[382]​ Al frente del sistema del Enacom fue nombrado Miguel de Godoy, que se encontraba al momento de asumir investigado por el desvío de 700 millones de pesos de pauta oficial de la gestión PRO de la Ciudad de Buenos Aires.^[383]​ El dueño del canal que debía recibir dichos fondos denunció ante el fuero penal a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Pablo Gaytán y Miguel Ángel Godoy.^[384]​ Al respecto de la desaparición de fondos por 700 millones de pesos expresó: "Acá pueden existir varios delitos, blanqueo de fondos, falsificación de documento privado, asociación ilícita, lavado, queremos saber quién cobró, porque nosotros nos vimos involucrados”.^[385]​

En 2016 se dío la autorización a Nextel, del Grupo Clarín, para prestar 4G sin licitación y sin pagar por las frecuencias. Telefónica advirtió que iría al CIADI por trato discriminatorio debido a que debió pagar las bandas para dar 4G, mientras que Nextel iba a poder hacerlo sin pagar. El procedimiento permite a Nextel-Clarín dar 4G sin límite en años para el uso de las frecuencias, aun cuando las adjudicadas a Movistar, Personal y Claro en 2014 tienen una vigencia de 15 años. Mientras que Telefónica, Telecom y Claro participaron de la licitación en 2014 pagaron en total más de 1.500 millones de dólares por las frecuencias, en cambio a la empresa del grupo Clarín sin licitar se le asignaron frecuencias para dar 4G sin licitación y sin pagar por las mismas.^[386]​

En diciembre de 2015 el periodista Federico Poore del Buenos Aires Herald entrevistó al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) Edison Lanza, quien afirmó que la organización está examinando si la ley de medios se aplicaba con un rigor excesivo contra Clarín en detrimento de otras decisiones, pero consideró que sí existe un alto nivel de concentración de los medios de información, problema que no pude ser corregido por el mercado, que tal concentración "lastima a la democracia", y que "las democracias fuertes ponen límites a la concentración de medios".^[387]​

Un informe de Reporteros sin Fronteras, publicado en 2016, señala que:

La Ley de Medios adoptada en 2009, que constituía un avance en el pluralismo y garantizaba una mejor distribución de las frecuencias entre los medios públicos, privados y comunitarios, fue modificada cuando el presidente Mauricio Macri llegó al poder, en 2015. La nueva legislación podría favorecer la concentración de medios y al gran grupo Clarín, que había debido ceder parte de sus licencias de difusión tras una larga batalla judicial en el segundo mandato de Cristina Kirchner.^[388]​

Reporteros sin Fronteras

Intervención de la AFSCA

El 23 de diciembre Macri dispuso intervenir por decreto de necesidad y urgencia^[389]​ la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Los organismos estaban conducidos según lo ordena la Ley de Medios, por directorios cuyo mandato finalizaba en 2017, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Parlamento y de las Universidades, que fueron depuestos de sus cargos. En su lugar Macri designó a un militante del PRO Agustín Garzón.^[390]​

El Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad dio a conocer la medida mediante una conferencia de prensa y justificó la medida diciendo que las autoridades de la AFSCA habían cometido un acto de "rebelión", que el presidente Martín Sabbatella era un "militante político" y que "La razón de la intervención es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la Ley de Ministerios".^[391]​

Sabbatella por su parte, con mandato en su cargo hasta 2017, afirmó que el "gobierno fue elegido democráticamente pero tiene actitudes de un gobierno de facto" y presentó ante la justicia un recurso de amparo y un habeas corpus.^[392]​

Pocas horas después de la intervención se reunió en la puerta de la AFSCA una manifestación para expresar su oposición a la medida, a la que concurrieron no militantes y también militantes y dirigentes sindicales, de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y de artistas entre otras organizaciones.^[393]​ Seguidamente el gobierno denunció penalmente a Martín Sabbatella por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder".^[394]​

A favor de la intervención se pronunció el dirigente peronista y exinterventor del COMFER Julio Bárbaro, quien sostuvo que "una sociedad democrática no puede tener a Sabbatella al frente de AFSCA porque es un personaje que no representa a ninguna mayoría. Si lo dejamos no tenemos sociedad".^[395]​ También apoyó la medida el intendente de San Miguel Joaquín de la Torre perteneciente a Unidos por una Nueva Alternativa, sostuvo que la intervención era "completamente legítima",^[396]​ y que "la unificación de los organismos es algo que se da en el mundo desarrollado. Los medios y las telecomunicaciones son dos caras de una misma moneda", "la AFSCA como la AFTIC funcionaban más que respetar, para la violación de la ley. Allí era todo arbitrariedad" y "eran organismos de persecución de quienes pensaban de modo distinto".^[397]​

En contra de la intervención se pronunció el Sindicato de Televisión (SATSAID) sosteniendo que "implica la violación flagrante de dicha ley (de Medios) votada por el parlamento y consensuada con todas las organizaciones representativas de la comunicación audiovisual".^[398]​ La intervención también fue rechazada por la Asociación Argentina de Actores, considerando que "un grave avasallamiento a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y a las normas democráticas".^[399]​ La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudió la intervención diciendo que "pone en vilo la calidad institucional de nuestro país" y exhortó a Macri a derogar el decreto.^[400]​ También repudiaron la decisión la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN)^[401]​ y los sindicatos de prensa de Río Negro,^[402]​ Buenos Aires,^[403]​ y Rosario (FETRACCOM-CTA).^[404]​ El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis repudió la intervención y cuestionó al ministro Aguad atribuyéndole vínculos con la dictadura.^[405]​ La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires sostuvo que "este nuevo avasallamiento a la voluntad popular se suma al intento de imponer dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto y a la represión violenta a los trabajadores de la empresa Cresta Roja, e indica una muy preocupante tendencia autoritaria de la actual gestión nacional".^[406]​

En la Organización de Estados Americanos (OEA) el relator especial para la Libertad de Expresión Edison Lanza, se mostró crítico de la decisión tomada por el gobierno argentino, afirmó que el organismo está "observando de cerca la situación" y observó que :^[387]​

Tomar semejante decisión sin utilizar el claro mecanismo establecido por la ley para remover un miembro del directorio de la AFSCA es claramente un camino no ortodoxo. El resultado es que esa decisión ha sido apelada legalmente. Los estándares internacionales en la materia dicen que lo ideal sería tener departamentos que fueran autónomos tanto del Poder Ejecutivo como de los poderes económicos, de modo de estar en condiciones de regular los sistemas mediáticos de acuerdo a los principios legales. Algo en lo que todos los observadores sobre libertad de expresión (Naciones Unidas, OEA) están de acuerdo es que la estructura de la AFSCA era uno de los aspectos positivos de la ley. Por primera vez la oficina tenía representantes de la oposición, de la sociedad civil...

Edison Lanza, OEA.^[387]​

El 24 de diciembre el juez Julián Ercolini ordenó desalojar el AFSCA,^[407]​ luego de la decisión del fiscal Carlos Stornelli de imputar a su titular Martín Sabbatella.^[408]​ Sabbatella cuestionó la decisión judicial, sosteniendo que la misma implicaba suspender la Ley de Medios y que la intervención era una actitud de "gobierno de facto" que debía ser urgentemente resuelta por el Poder Judicial.^[409]​

Causa AMIA

El 12 de diciembre de 2015 el presidente Macri creó una Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas AMIA y Nisman y designó para dirigirla al exsenador de Chubut, Mario Cimadevilla, de la Unión Cívica Radical.^[410]​ Menos de dos años después, el gobierno consideraba que la Unidad AMIA ya había cumplido su ciclo y que no logró los resultados esperados, evaluando el cierre de la misma.^[411]​ En febrero de 2017 la gestión de la Unidad AMIA fue cuestionada por la asociación de familiares de víctimas de la AMIA Memoria Activa,^[412]​ y por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, imputándole al ministro Germán Garavano haber dejado caer la acusación contra dos exfuncionarios acusados de encubrir el atentado terrorista de 1994 en el juicio AMIA 2.^[413]​

El 5 de marzo de 2018, Macri eliminó la Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas AMIA y Alberto Nisman, que había creado dos años antes.^[414]​ Al disolverse la Unidad, fue cesado también el funcionario que estaba a cargo de la misma, el radical Mario Cimadevilla.

Dos semanas después de dejar su cargo, el 22 de marzo de 2018 Cimadevilla denunció por encubrimiento del atentado de la AMIA al ministro Garavano, al secretario de Justicia Santiago Otamendi, al exjefe de gabinete del Ministerio de Justicia, Esteban Conte Grand, y otros funcionarios por los delitos de encubrimiento del atentado a la AMIA, cohecho, abuso de autoridad, y violación de deberes de funcionario público. Cimadevilla afirmó en su denuncia que "el ministro Garavano fue el que pidió absolver a los fiscales de la causa AMIA", imputados por encubrir el atentado.^[415]​

Política de derechos humanos

En los primeros meses de gestión, distintos medios de comunicación criticaron que las políticas de Derechos Humanos, y los Procesos de Memoria, Verdad y Justicia «están sufriendo un deterioro por decisiones de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial». La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en un informe que analiza los primeros seis meses del año en materia de persecución penal de los delitos de lesa humanidad advirtió que durante el primer semestre del año los juicios por delitos de lesa humanidad fueron demorados.^[416]​ En el informe también se critica la baja en el ritmo de las investigaciones, la menor cantidad de sentencias dictadas, estancamiento vinculado a la baja cantidad de juicios celebrados, estancamiento relacionado con la falta de juicios en agenda y demoras en la etapa de instrucción y de revisión.^[416]​

Asimismo fueron criticadas las decisiones judiciales que otorgaron a 50 militares condenados por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar el beneficio de poder realizar su condena con prisión domiciliaria.^[417]​ En consonancia, en agosto de 2016 el Ministerio de Justicia, adelantó que no apelará las estas decisiones judiciales.^[418]​

Otra de las críticas es por las reuniones, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, con activistas contra los juicios por delitos de lesa humanidad, como Cecilia Pando o representantes de la asociación CELTYV, defensora de represores.^[419]​

También ha sido criticado, y tildado de «negacionismo», la utilización de la frase «guerra sucia» para referirse al terrorismo de Estado. Esto fue realizado tanto en declaraciones de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, ^[420]​ en comunicaciones oficiales de la propia secretaría,^[421]​ como en declaraciones del propio presidente Macri.^[422]​^[419]​

El ministro de Defensa, Julio Martínez, volvió a habilitar que los presos por delitos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares. Esto había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de 2013.^[417]​

El ministerio de Justicia desistió de ser querellante en la causa por delitos de lesa humanidad por el caso de Eduardo Saiegh. Donde se juzga su secuestro en 1980 por un grupo de tareas de la Policía Federal.^[417]​^[423]​ Desde la Secretaría de Derechos Humanos, afirmaron que los motivos que llevaron a esa baja fue que Saiegh «hace promoción pública de un fideicomiso en donde se coloca al Estado argentino y a la Secretaría de DDHH como garante de los negocios allí ofrecidos. Se la puso en virtud del rol que la Secretaría tenía como coquerellante». Por otro lado, el abogado de Saiegh afirmó que «el retiro de la coquerella no puede ser entendido fuera del contexto. Sobre todo porque este caso involucra a más gente más allá de los nombres que están siendo acusados penalmente. Hay una acción civil que involucra a supermercados La Anónima y a la familia Braun. Ellos era también accionista con Reynal de la sociedad controlante de Austral. Contra ellos está dirigida la reparación económica buscada». El hecho fue condenado por la organización de derechos humanos, H.I.J.O.S..

El 30 de agosto de 2016, en conmemoración del «día del detenido desaparecido», varios organismos de Derechos Humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, reclamaron que «los espacios de la memoria, la verdad y la justicia están siendo desarmados».^[424]​

En febrero de 2017, el gobierno de Macri postuló para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Carlos Horacio de Casas. El hecho fue rechazado por organizaciones de Derechos Humanos debido a que defendió al represor y ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Enrique Blas Gómez Saa.^[425]​

En diciembre de 2017 el informe anual presentado por Correpi arrojó que, durante ese año, 258 habían sido asesinadas por las fuerzas de seguridad estatales. El número se suma a los 28 de 2015 y 441 de 2016; lo que totaliza 725 muertes en 721 días de gobierno de Cambiemos.^[426]​ Esta media de más de un asesinato cada 23 horas, representa el mayor pico represivo desde 1983 con el agravante de que el 47% de los casos corresponden a hechos de gatillo fácil.^[427]​

Situación de los derechos humanos

A fines de 2016 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) publicó su informe anual, señalando que habían aumentado casi un 10% las muertes causadas por las fuerzas de seguridad con respecto al año anterior, llegando a un muerto cada 25 horas, el más alto desde que esa organización comenzó a realizar el informe en 2003. La Correpi informó que el 39% de esas muertes ocurrieron en lugares de detención y consideró que el 47% fue por "gatillo fácil". Informó también que en un 60% (291) de los 481 femicidios que se cometieron, estuvieron involucrados miembros de las fuerzas de seguridad.^[428]​

El informe anual de Human Rights Watch correspondiente a 2016 sintetizó la situación de los derechos humanos en Argentina del siguiente modo:

La situación de los derechos humanos en Argentina sigue siendo dispar. Si bien se garantizan numerosas libertades fundamentales, subsisten problemas como amenazas a la libertad de expresión, ausencia de legislación exhaustiva sobre libertad de información, abuso policial, condiciones carcelarias deficientes, obstáculos al acceso a productos y servicios de salud reproductiva, y desprotección de derechos indígenas. Argentina continúa logrando avances significativos en materia de derechos de personas LGBT y en el juzgamiento de abusos cometidos por funcionarios durante el “terrorismo de estado” (1976-1983), si bien hubo demoras en algunos de los procesos.

Human Rights Watch, 2017^[429]​

Políticas contra la violencia de género

Macri anunció un plan integral contra la violencia de género el 26 de julio de 2016, la directora del Consejo Nacional de las Mujeres Fabiana Tuñez, quién abrió el acto que se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa Rosada dijo al respecto:^[430]​

Quién hubiese dicho que este plan, que tanto tiempo habíamos pedido desde la sociedad civil por las calles, iba a llegar. Y que yo, quien después de tanto gritar con mis compañeras, iba a ser, junto con la ministra y los equipos de todos los ministerios, quien tuviera que anunciar este plan una deuda que teníamos desde el año 2010 y que hoy va a ser una realidad para cada una de las mujeres de todo el país.

Fabiana Tuñez.^[430]​

Paralelamente Tuñez ha sido criticada en dicho puesto por ignorar las denuncias contra el colectivo transexual y por aprietes contra activistas que denunciaron la situación del colectivo transexual ante la ONU.^[431]​La gestión de Tuñez cerró varios programas como el de Ayuda a Víctimas de Violencia Sexual.^[432]​

El plan contempla 69 medidas y 137 acciones detalladas para prevenir y ayudar a mujeres víctimas de violencia de género, 750 000 pesos de presupuesto, se prevé construir una red nacional de hogares de protección para mujeres, niñas y niños, también se anunciaron planes de «reeducación», tales como la incorporación de la perspectiva de género en las currículas escolares y campañas de concientización.^[433]​
^[430]​Durante su primer año de gobierno crecieron 8 por ciento los casos de femicidios, según datos de la Corte Suprema murieron 254 mujeres, una cada 35 horas y 244 chicos quedaron huérfanos.^[434]​Pese al plan anunciado, en 2017 el Gobierno de Macri decidió reducir 67 millones de pesos el presupuesto para combatir la violencia machista, a pesar de tener una de las tasas más altas de feminicidio de América Latina.^[435]​

Pueblos originarios

El 16 de diciembre Macri se reunió nuevamente con miembros de la comunidad qom y de otras 30 etnias de los pueblos originarios. La reunión se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno y la delegación fue encabezada por el líder de la comunidad qom, Félix Díaz.^[436]​^[437]​

El primer encuentro entre Macri y Félix Díaz se había concretado cuarenta y tres días antes, cuando el por entonces candidato a presidente visitó al líder qom en el acampe de esa comunidad en la avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires que el primero gobernaba. El diario La Nación informó en esa ocasión que Macri había tenido ese encuentro con Díaz "para diferenciarse de Cristina Kirchner, que siempre se negó a recibir al líder de esa comunidad indígena",^[436]​ quien mantenía un viejo reclamo público con el gobierno de la Provincia de Formosa y la expresidenta, por la devolución a la comunidad qom de las tierras que les pertenecían antes de la Conquista del Chaco y el reconocimiento de la "nacionalidad indígena".^[438]​

Félix Díaz declaró que al 3 de febrero de 2016, la situación de los pueblos indígenas no había cambiado en nada pese a la reunión que tuvo con el Presidente, salvo que algún funcionario eventualmente realiza alguna visita a los referentes indígenas. Díaz dijo tener aún alguna esperanza por el compromiso escrito de Macri.^[439]​Sin embargo, Díaz junto a otras comunidades volvieron a realizar un acampe el 15 de marzo, pero esta vez en la ex ESMA a la espera de ser recibidos por el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, además Díaz explicó que: "Aunque el Gobierno nos llamó al diálogo, siguen incumpliendo la ley". Luego de algunas acusaciones cruzadas entre Díaz y Avruj,^[440]​ a finales de marzo la Secretaría de Derechos Humanos elevó un proyecto al Poder Ejecutivo para crear un Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, tras un acuerdo logrado con los distintos líderes de los pueblos originarios. Claudio Avruj, quien preside la secretaría afirmó que el acuerdo se logró luego de una reunión con la Mesa de Trabajo y Diálogo de Pueblos Indígenas y el Estado Nacional, en donde referentes prometieron levantar la protesta que estaban realizando en la ex ESMA, además —según el gobierno— el mismo Félix Díaz "se comprometió a abstenerse de realizar cualquier protesta como la recientemente desarticulada mientras se mantengan las vías de diálogo".^[441]​

El 15 de julio de 2016 se creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas. El consejo del nuevo organismo designó a Relmu Ñamku como secretaria general, mientras que Félix Díaz fue nombrado presidente, además se nombraron cuatro vicepresidentes por cada región: Faustino Lencina por la zona Centro, Jorge Palomo por el NEA, Margarita Mamani y Rolando Flores por el NOA, y Rubén Huanque, por la zona Sur.^[442]​

En septiembre de 2016 se realizó un encuentro nacional de organizaciones de Derechos Humanos donde se hicieron eco de estos reclamos.^[443]​

En enero de 2017 el pueblo mapuche Pu Lof comenzó una protesta en Cushamen por un reclamo de tierras ancestrales a la empresa textil Benetton. La protesta que se había desarrollado pacíficamente fue reprimida por Gendarmería, quienes atacaron a niños y mujeres que estaban en la protesta. Amnistía Internacional repudió la represión, a su vez que condenó la "falta de control judicial eficaz sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en su territorio".^[444]​ Díaz condenó la represión de los mapuches en Chubut, culpó de ello al Presidente y al gobernador provincial diciendo: "el gobierno provincial de (Mario) Das Neves y el nacional de (Mauricio) Macri son responsables".^[445]​ Unos días después se volvieron a repetir hechos violentos cuando Gendarmería ingresó al predio en disputa y reprimió a disparos, habiendo un indeterminado número de heridos y un mapuche detenido.^[446]​

Feriados y Día de la Memoria

El 20 de enero de 2017 Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 52/2017 disponiendo la movilidad del Día de la Memoria (24 de marzo), del Día de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril) y el Día de la Bandera (20 de junio).^[447]​ Los dos primeros habían sido establecidos por la Ley Nº 25633 de 2002 y Ley Nº 26085 de 2006,^[448]​^[449]​ y por Ley Nº 25370 de 2000,^[450]​ respectivamente. La movilidad de los feriados es un régimen que mueve el feriado al lunes o viernes más próximo, cuando cae mitad de semana.

La decisión de Macri generó críticas en diversos sectores de la sociedad, especialmente entre las organizaciones de derechos humanos, por el Día de la Memoria, fecha en la que tradicionalmente las organizaciones de derechos humanos organizan una masiva manifestación para recordar y pedir justicia para los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.^[451]​ Varios gobernadores e intendentes anunciaron que, ante la decisión de presidente, establecerían asueto para esos días.^[452]​

Frente a las críticas generalizadas el ministro de Justicia Germán Garavano admitió que "Probablemente haya sido un error haber tocado los feriados que tienen mayor sensibilidad, es bueno poder enmendarlo".^[453]​ Finalmente Macri dictó un nuevo DNU el 31 de enero de 2017, dejando sin efecto la movilidad de los tres feriados afectados.^[454]​

Aplicación del dos por uno a los delitos de lesa humanidad

El 10 de mayo de 2017, Macri criticó un fallo de la Corte Suprema dictado siete días antes, que permitió que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de ser condenados, a partir de los dos años de prisión preventiva. La Corte consideró aplicable al caso el artículo 7 de la Ley Nº 24.390, conocida como Ley del Dos por Uno, que estuvo vigente entre 1994 y 2001. El fallo fue dictado por tres votos a favor (Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) y dos votos en contra (Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda).^[455]​ La sentencia fue cuestionada por las organizaciones de derechos humanos y un amplio espectro de organizaciones y personalidades nacionales e internacionales, que la consideraron un acto de impunidad, asociándola con las llamadas leyes de impunidad, sancionadas durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, desencadenando varias denuncias penales contra sus autores y pedidos de juicio político y multitudinarias marchas de condena realizadas en varias partes del país.^[456]​

Macri declaró que estaba "en contra de cualquier herramienta que facilite la impunidad", aclarando que estaba "muy contento" de que el país tuviera "una Corte independiente y prestigiosa". También cuestionó a dirigentes opositores que "no hicieron nada cuando esta ley se aprobó" y "hoy se muestran muy enojados con el 2x1".^[457]​

Eliminación de pensiones por discapacidad

En junio de 2017 se conoció que el ministerio de Desarrollo Social estaba aplicando un decreto del año 1997 —que nunca había sido aplicado— elevando significativamente las exigencias y condiciones de quienes recibían pensiones del gobierno nacional. Por esa medida, desde enero de 2017 hasta mediados de junio de ese año quedaron sin pensiones un total de 83 133 personas, incluidas especialmente las madres de 7 o más hijos, y los pensionados por invalidez. La medida apunta a eliminar del sistema a todas las personas cuyas familias superen un ingreso de tres sueldos mínimos —alrededor de $21 000— sin considerar el número de miembros de las familias, y aquellos cuyos cónyuges reciban un ingreso por jubilación, incluso si es el ingreso mínimo.^[458]​ Desde el inicio del gobierno de Cambiemos fueron unas 170 000 las pensiones dadas de baja por el ministerio,^[459]​ mientras otras fuentes mencionaron más de 126 000, entre pensiones dadas de baja y suspendidas.^[460]​

La ministra Stanley anunció que se restablecerían "todas aquellas pensiones de personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión en este último cobro", lo que fue interpretado como una "marcha atrás" del gobierno, y que se haría una "restitución automática de las pensiones".^[461]​ No obstante, después de que al menos dos fallos judiciales ordenaron volver a pagar las pensiones a centenares de discapacitados,^[462]​ el gobierno nacional apeló esas sentencias, con lo que el pago de esas pensiones se siguió retrasando.^[463]​ El 6 de septiembre, la justicia federal ordenó reintegran "de inmediato" todas las pensiones por incapacidad que habían sido dadas de baja o o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso;^[464]​ al día 20 de septiembre, sólo algo menos de diez mil pensiones habían sido restablecidas, menos del 7,7% del total.^[460]​

Desaparición de Santiago Maldonado

El 1 de agosto de 2017 la Comisión Provincial por la Memoria de Chubut denunció la detención ilícita y desaparición de Santiago Maldonado, durante la represión de una protesta en el lof mapuche de Cushamen,^[465]​ llevada a cabo por la Gendarmería Nacional encabezada por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.^[466]​ La denuncia fue realizada ante el juez Guido Otranto de Esquel, quien intimó al gobierno nacional a informar si esa fuerza había detenido a Maldonado el 1 de agosto y qué medidas había adoptado para investigar la desaparición. Gendarmería contestó la intimación negando haber detenido a Maldonado y sin informar si había tomado medidas tendientes a investigar la suerte del militante desaparecido.^[465]​ El 6 de agosto, el Juzgado Federal de Esquel brindó un comunicado a la prensa en el que señalaron que no hay indicio que confirme que el joven haya sido detenido por Gendarmería. Si bien Prefectura Naval realizó un rastrillaje en la zona, los miembros de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen negaron la posibilidad de hacer un rastrillaje con drones y no permitieron la búsqueda en ciertas zonas al personal policial con perros guías que utilizaban ropas de Maldonado para el rastrillaje,^[467]​ lo que fue parcialmente desmentido por el Defensor Público ante el juzgado federal,^[468]​ que afirmó que la comunidad sólo rechazó el uso de drones.^[469]​ Asimismo, hasta ese momento no habían sido aportados datos de los testigos presenciales que hayan visto cuando Santiago Maldonado era capturado por la Gendarmería Nacional.^[467]​

El gobierno argentino fue demandado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para que tome medidas para encontrar a Santiago Maldonado.^[470]​ El 7 de agosto el Comité expresó su "preocupación por la integridad física y psicológica del joven" y requirió al Estado argentino que adopte “una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización", tomando "todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo, tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche Pu Lof presentes durante la acción represiva”. El organismo de las Naciones Unidas exigió también que “la Gendarmería Nacional Argentina se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de la desaparición” y que el gobierno argentino resguarde las pruebas que permitan identificar a los responsables.^[471]​ El mismo día, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa para quienes "sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero". ^[472]​

El 23 de agosto, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, dictó una medida cautelar para que el Estado argentino «adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del señor Santiago Maldonado» y que «informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos».^[473]​

El 29 de noviembre de 2018, el juez federal Gustavo Lleral cerró la causa por la muerte de Santiago Maldonado y confirmó que el artesano murió ahogado y no hubo desaparición forzada.^[474]​

Muerte de Rafael Nahuel

El 25 de noviembre de 2017, fuerzas de la Prefectura Naval Argentina mataron al joven mapuche Rafael Nahuel en la zona de Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, en el marco del desalojo violento de la comunidad Lafken Winkul Mapu. La causa de la muerte de Nahuel fue un disparo por la espalda con un arma de fuego de 9 mm.

La ministra Bullrich, acompañada por el ministro Garavano, sostuvieron en conferencia de prensa que la muerte de Nahuel y las heridas de bala sufridas por las otras dos personas constituyeron actos legítimos realizados por miembros de la Prefectura Naval, debido a que las víctimas eran parte de un "grupo que está fuera de la ley que intenta convertirse en poder fáctico y tomar un territorio", armado con "armas de grueso calibre", con las que atacaron a las fuerzas de seguridad.^[475]​ Mencionó que los autores de los disparos fueron cuatro prefectos y que el Ministerio de Seguridad no iba a tomar medidas tendientes a probar lo que había sucedido. Respecto de la armas supuestamente en poder del grupo al que combatió la Prefectura, sostuvo que seguramente ya no estarían más en el lugar en que se produjo la represión. La ministra Bullrich también cuestionó al juez federal con jurisdicción en el caso y envió su pésame a la familia del joven que murió baleado por la Prefectura. En conferencia de prensa la ministra identificó al "grupo" con el que afirmó que se habían enfrentado las fuerzas de seguridad, denominándolo "comunidades RAM", en referencia a una organización llamada Resistencia Ancestral Mapuche, de identidad incierta, y al que las comunidades mapuche y otros observadores han acusado de ser en realidad agentes de inteligencia.^[475]​^[476]​

El presidente Macri, por su parte, respaldó los actos de los prefectos en Villa Mascardi y a la ministra Bullrich, sosteniendo que el gobierno estaba realizando un "cambio cultural" respecto de las fuerzas de seguridad, con el fin de "volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse".^[477]​

La muerte, la represión y la actitud del gobierno fueron objeto de cuestionamientos por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, políticos y sociales,^[478]​^[479]​ y motivaron un pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.^[480]​ En el ámbito internacional, Amnistía Internacional emitió un parte de prensa en el cual expresó el repudio de la organización por "la muerte de Rafael Nahuel, el joven mapuche de 22 años en un contexto de represión en Villa Mascardi".^[481]​

Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional

En febrero de 2018 Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la La situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente al período 2017/2018.^[482]​ Entre los principales aspectos negativos se señalaron la dificultades para acceder a un aborto legal, la criminalización y discriminación a los pueblos indígenas y la falta de reconocimiento de sus derechos constitucionales sobre las tierras ancestrales, los «importantes retrocesos» en perjuicio de las personas migrantes, la insuficiencia de recursos destinados a prevenir la violencia de género, el fallo de la Corte Suprema aplicando el beneficio del dos por uno en crímenes de lesa humanidad, la decisión del gobierno de sacar del ámbito de la fiscalía las pruebas del atentado a la AMIA poniendo en peligro la independencia de la investigación, el uso excesivo de la fuerza policial para reprimir diversas manifestaciones en las que se produjeron detenciones, lesiones e incluso la muerte de Santiago Maldonado, la detención líder indígena del pueblo wichi Agustín Santillán, y el incumplimiento de las decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la detención de la dirigente indígena y social Milagro Sala.

Entre los principales aspectos positivos se señalaron la aprobación de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, la continuidad de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura y la sentencia histórica de la Cámara Federal de Mendoza condenando a prisión perpetua a cuatro exmiembros del Poder Judicial por complicidad en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

Política educativa

La política educativa del gobierno de Mauricio Macri se orientó básicamente hacia la federalización de las diferentes políticas públicas. Federalización entendida como el traslado a las provincias de las políticas en cuestión, sin trasladar los fondos para sustentarlas. Entre ellas, se encuentran los Centros de Actividades Juveniles, los Centros de Actividades Infantiles, el plan Conectar Igualdad, el programa de radios escolares, el programa de orquestas infantiles y juveniles, el plan FinEs y el programa de Turismo Educativo.^[483]​

Además se discontinuaron numerosos programas de lectura y provisión de libros a escuelas y bibliotecas en todo el país enmarcados en el Plan Nacional de Lectura. Por ejemplo, el Programa “Libros y Casas”; las ediciones del Programa “Primeros años”; los programas “Leer por leer”, “Leer la Argentina”, “Para seguir creciendo”, “Palabras para vos”, “Leer con todo” y el “Programa de Desarrollo Profesional en Alfabetización Inicial”.^[484]​

Durante su gobierno se elaboró un manual de Ciencias Sociales, que según diversos periodistas se utilizó para adoctrinar niños, que presenta la historia reciente del país con una mirada sesgada a favor de su gobierno. El manual contenía imágenes del mandatario y lemas partidistas oficiales utilizados en su campaña. ^[485]​^[486]​Al respecto la ex diputada y pedagoga Adriana Puiggrós lo calificó de acto de invasión del espacio educativo por parte de la publicidad de Cambiemos y en particular de Macri. ^[487]​^[488]​Una semana después se divulgó que Macri utilizó casi 60 millones del Estado para pagar esos manuales con propaganda política. La propia editorial reconoció que ese contenido responde fue solicitado a través de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios y al Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires, comandada por María Eugenia Vidal.^[489]​

Según otros periodistas no era la primera vez que el gobierno de Cambiemos introducía su doctrina dentro del material de estudio en las escuelas, en 2017 Ministerio de Educación de la Nación envió a las escuelas porteñas manuales para chicos de sexto grado se educaran en contra del derecho a huelga de los trabajadores.^[490]​
En 2017 gremios docentes denunciaron que en la Ciudad de Buenos Aires se obligó a los alumnos a comprar un cuaderno que presentaba a la dirigente social aliada a Mauricio Macri, Margarita Barrientos como una mujer “perseverantes” que “no le niega un plato de comida a nadie” y que “incluso” ayuda a conseguir medicamentos y se mencionaba además que sería bueno realizar donaciones a su fundación.^[491]​También se critico que en actos oficiales como presidente obligase alumnos a cantar el lema de su campaña electoral.^[492]​

Seguridad

La primera medida de importancia tomada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la declaración de la "emergencia nacional en seguridad", tomada el 17 de diciembre de 2015.^[493]​ El 25 de diciembre la ministra Bullrich se opuso al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, que establece que cuando se detiene a un ciudadano, los fiscales deben informar dicha detención a un juez de garantías dentro de las 24 horas y en el mismo plazo, el juez debe resolver sobre la detención.^[494]​

A finales de octubre de 2017, con la firma de Patricia Bullrich, se publicó en el Boletín Oficial el"Protocolo General para la detención de personas LGBT. La Federación Argentina LGBT manifestó su preocupación y malestar por lo que interpretan es un protocolo discriminatorio que viola el reconocimiento a la diversidad y los derechos individuales consagrados.^[495]​ En un comunicado, SUTEBA expresó su solidaridad y acompañamiento en el rechazo manifestado por las organizaciones que defienden los derechos del colectivo LGBT.^[496]​

Represión a piquetes y manifestaciones

Diversas organizaciones y personalidades han observado un incremento de las movilizaciones populares —tales como marchas, paros, ollas populares y cortes de calles y rutas— a lo largo del primer año y medio del mandato de Macri, y creen que la respuesta del gobierno ha sido únicamente la represión y la criminalización de la protesta social.^[497]​ Un estudio confirma que en el primer trimestre de 2017 se registraron un 133% más de casos de conflictos con represión, en comparación con igual trimestre de 2016.^[498]​ Desde la llegada de Cambiemos al poder en diciembre de 2015 hasta marzo de 2017, se registraron 83 conflictos con represión en todo el país, incluyendo tanto hechos generados por fuerzas de seguridad provinciales como nacionales.^[499]​ Diversas opiniones, como la del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, han considerado que la causa del aumento de la conflictividad social sería la propia política económica del gobierno de Macri, y que «este modelo no cierra sin represión».^[500]​

Los primeros hechos de represión por fuerzas nacionales —que dependen del Ejecutivo Nacional— comenzaron pocos días después de la asunción de Macri a la presidencia: el día 22 de diciembre, la Gendarmería Nacional reprimió con violencia una manifestación de empleados de una industria avícola que había cortado la Autopista Ricchieri, acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras ordenar a los manifestantes abandonar el corte en un plazo de cinco minutos. La represión incluyó el uso de palos, balas de goma y camiones hidrantes, dejando entre diez y doce trabajadores heridos, de acuerdo al testimonio de los manifestantes.^[501]​

El 17 de febrero, la ministra de seguridad anunció la aprobación de un "protocolo antipiquetes", por el cual se planeó terminar con los piquetes como forma de protesta. Por el mismo, se instruyó a las fuerzas de seguridad a negociar con los manifestantes y otorgarles un plazo de solamente cinco minutos para liberar el tránsito en la vía pública. Si pasado ese lapso no se hubiera producido el levantamiento del piquete, se procedería al uso de la fuerza. Adicionalmente, se dispuso que las fuerzas de seguridad podían limitar el accionar del periodismo que informase sobre los hechos, supuestamente como medida de seguridad de los periodistas.^[502]​ Las limitaciones al accionar de la prensa, que limitaría el derecho de la ciudadanía a estar informada, como la falta de limitaciones al accionar policial —al cual no se le prohíbe el uso de armas de fuego ni se le obliga a usar uniforme identificatorio— recibieron numerosas críticas por parte de distintas organizaciones sociales, sindicales y profesionales,^[503]​ así como la censura de parte de Amnistía Internacional, que interpretó que el mismo habilita a reprimir «a quienes ejercieran su derecho de reunión pacífica y el sistema de justicia los enjuiciaría por la vía penal.»^[504]​

El protocolo sólo se aplicaría en forma efectiva en las rutas federales y en los accesos al aeropuerto internacional de Ezeiza. Su aplicación en otros ámbitos estará sujeta a los criterios de los gobernantes de los distritos respectivos.^[505]​ Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, prefieren no aplicarlo.^[506]​ Por su parte, Amnistía Internacional informó que «se siguió denunciando el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas públicas».^[504]​

El día 12 de agosto, durante una visita del presidente a la ciudad de Mar del Plata, un grupo de manifestantes que se dirigían al lugar donde hablaría Macri para quejarse por los aumentos de tarifas fue interceptado por la policía a cuatro cuadras del palco, y posteriormente reprimidos con gases y balas de goma.^[507]​ Si bien el gobierno y algunos medios aseguraron que el auto de Macri fue alcanzado por una piedra,^[508]​ el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires negó que el auto hubiera sido apedreado, y afirmó que el presidente fue agredido "verbalmente solamente para manifestar un descontento".^[509]​

También en agosto de 2016, un grupo de jubilados que pedían un aumento de sus haberes cortaron el Puente Pueyrredón y fueron reprimidos por la Policía Federal —con apoyo de la Prefectura Naval— por medio de empujones y patadas, y con camiones hidrantes; hubo varios heridos.^[510]​ Una semana más tarde, miembros de organizaciones de desocupados que cortaban la Autopista Buenos Aires-La Plata fueron reprimidos por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Gendarmería Nacional con un camión hidrante y arrojando balas de goma. Los manifestantes, que cortaron la autopista durante cuatro horas, habían anunciado que el corte se levantaría a las 3 de la tarde, pero las fuerzas de seguridad avanzaron sobre ellos diez minutos antes de esa hora. Hubo algunos heridos.^[511]​

También se produjeron actos de represión con gases, camiones hidrantes y/o palos durante el paro nacional del 6 de abril de 2017^[512]​ y durante el intento de los docentes en huelga de instalarse en la Plaza de los Dos Congresos, el 9 de abril.^[513]​

A fines de 2017, el Centro de Estudios de Economía Política (CEPA) publicó un relevamiento que informa que, entre enero de 2016 y noviembre de 2017 se registraron en el país 111 hechos de represión a manifestaciones por conflictos socio-laborales. En el curso de los mismos —llevados adelante tanto por fuerzas de seguridad nacionales como provinciales— fueron detenidos 354 personas y resultaron heridos 328 manifestantes.^[514]​

En diciembre de 2017 se produjeron dos represiones en el centro de la Capital Federal en menos de 24 horas: al anochecer del 12 de ese mes hubo una fuerte represión con heridos y numerosos detenidos contra manifestantes que reclamaban contra la Organización Mundial de Comercio, cuya reunión cumbre tenía lugar en esa ciudad.^[515]​ A la tarde del día siguiente, una gran manifestación frente al Congreso Nacional contra un proyecto de ley que modificaría el cálculo de las jubilaciones en perjuicio de los jubilados fue también violentamente repelida por la Gendarmería, con al menos un camión hidrante y balas de goma, y tres diputados nacionales agredidos.^[516]​

Caso Chocobar

El 1 de febrero Macri recibió al agente de la policía de Avellaneda Luis Chocobar, que pocos días antes había matado a un delincuente, que junto a un cómplice le había robado a un turista una cámara fotográfica en el barrio de La Boca, para lo cual lo apuñalaron reiteradamente.

Chocobar sostuvo que le disparó al delincuente, cuando este intentó atacarlo con un cuchillo, pero un video del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aportado a la investigación judicial, mostró que Chocobar mató al delincuente disparándole por la espalda mientras huía y había caído al piso a causa de un disparo en la pierna. El juez de la causa consideró entonces que existían fuertes sospechas de que Chocobar había cometido un homicidio agravado y decretó el procesamiento del policía a fin de que el caso fuera sometido a juicio.

Al día siguiente de ser procesado por la justicia, el presidente Macri invitó a Chocobar a la Casa Rosada para expresarle públicamente su "orgullo" por la "valentía" con que actúo al haber dado "muerte a uno de los ladrones" y hacerle saber que el presidente había decidido darle todo su apoyo. Macri cuestionó también la decisión del juez de la causa de procesar a Chocobar y dijo que confiaba en que la Cámara Penal revocaría la decisión del juez de primera instancia, liberándolo de todo cargo.^[517]​

Dos semanas después, la Cámara Penal confirmó el procesamiento de Chocobar, modificando la calificación legal de la acusación por la de "homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber". Para concluir que Chocobar debía ser sometido a juicio, el tribunal consideró que el policía actuó "inicialmente ajustando su comportamiento a la normativa que regula la función policial, pero concluyó en un acto excesivo que merece ser juzgado en una etapa posterior".^[518]​

Al conocer el nuevo fallo judicial, ese mismo día el presidente Macri convocó a una conferencia de prensa donde expresó su disconformidad con el fallo judicial, aclarando que no lo hacía como presidente, sino como ciudadano.^[519]​

La conducta de Macri fue cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos y partidos de la oposición por impulsar una política de "gatillo fácil", y le valió varias denuncias por apología del delito e instigación al homicidio.^[520]​

El 19 de febrero la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional dio a conocer una declaración calificando de "inadmisible" la conducta del presidente Macri a favor del policía acusado, considerando que se trataba de una injerencia indebida en el Poder Judicial, incompatible con el Estado de Derecho:

Tenemos la firme convicción de que cualquier habitante de la Nación se encuentra investido del absoluto derecho a expresar sus opiniones respecto de la actuación de cualquier órgano estatal. Empero, resulta inadmisible que el titular de uno de los Departamentos del Gobierno Federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial aduciendo que lo hace desde su 'rol de ciudadano' intentando, de ese modo, desentenderse de su calidad de Jefe Supremo de la Nación que le debe respeto e independencia a los demás Poderes de la República; ni la implicancia política, institucional y social de sus manifestaciones... En ese contexto, sus expresiones respecto a cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la Justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho.

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional^[521]​

Corrupción

El 14 de marzo de 2018 la Oficina Anticorrupción dictaminó que el ministro de Agroindustria y expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, había incumplido las leyes contra la corrupción política al recibir 500.000 pesos de la Sociedad Rural Argentina.^[522]​

Escándalo Gilligan

El 16 de febrero de 2018 el diario El País de España publicó en tapa una noticia titulada "Un alto cargo de Macri ocultó un millón en Andorra". La noticia afirmaba que el subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, había ocultado 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en una cuenta offshore en la Banca Privada d'Andorra, sin declararlo en su declaración jurada. El funcionario reconoció la titularidad de la cuenta, pero sostuvo que el dinero pertenecía al empresario del fútbol uruguayo Francisco Casal, que le había pedido el favor de depositar ese dinero en su cuenta, con el fin de evadir al fisco.^[523]​

Frente al escándalo internacional, el jefe de Gabinete Marcos Peña, dio al día siguiente una conferencia de prensa en la que defendió a Díaz Gilligan y sostuvo que “No estamos hablando de fondos públicos”.^[524]​ Pese a ello Díaz Gilligan renunció al día siguiente, en medio de una generalizada condena del hecho en los medios de comunicación y ámbitos políticos, incluso por parte de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, socios del PRO en Cambiemos.^[525]​

La renuncia de Díaz Gilligan puso también sobre el tapete la situación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, a quien se le atribuyó ser titular de las acciones de dos empresas offshore en Islas Caimán y dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami, que no incluyó en su declaración jurada al asumir como ministro.^[525]​

Movilizaciones y protestas contra su gobierno

El 23 de febrero de 2016 se produjo la primera movilización masiva «contra el ajuste», reclamando contra las cesantías, el techo a las paritarias y el protocolo para regular la protesta social. La movilización ocupó parte de la Plaza de Mayo con columnas de sindicalistas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), docentes, universitarios, Judiciales y otros. También participaron organizaciones kirchneristas como La Cámpora, Kolina, el Movimiento Evita, la Organización Barrial Túpac Amaru, y otras de izquierda, como la Corriente Clasista y Combativa y el MST. También hubo marchas en las provincias.^[526]​

El 5 de abril se produjo un cacerolazo en Buenos Aires y varias otras ciudades del país; los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Mauricio Macri tras la gran cantidad de despidos, los abruptos aumentos del índice de precios, ajustes económicos, tarifazos y la vinculación e imputación por el caso Panamá Papers. En Mar del Plata, en la plaza frente a la Catedral, también hubo una masiva movilización denominada #7A en repudio al ajuste y la corrupción.^[527]​ También hubo protestas en otras plazas del interior del país, como Rosario.^[528]​ Convocados espontáneamente al grito de "procesado", miles de manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo.^[527]​^[529]​

El 29 de abril se produjo una gran concentración de todas las ramas de las dos principales centrales sindicales, la CGT y la CTA —en la primera oportunidad en que ambas confluyeron en el mismo acto— en protesta por la devaluación, la inflación y la escasa respuesta en los aumentos de salarios, contra los despidos y en defensa de una «ley antidespidos», y por «la plena vigencia del derecho de huelga sin ningún protocolo de seguridad».^[530]​ Los organizadores calcularon la asistencia en 350 mil personas.^[531]​

El 14 de julio del mismo año se produjo un «ruidazo» en protesta por los aumentos en la tarifa del gas,^[532]​ que en muchos casos había superado el 1000% —llegando en casos puntuales al 2000%—^[203]​ y que una resolución del gobierno de Macri limitaba a un máximo de 400%. Contribuyeron al malestar de la población las expresiones vertidas por miembros del gabinete de ministros y el propio presidente de la Nación,^[533]​ haciéndose hincapié en las críticas a la gestión del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, de quien se pidió la renuncia a su cargo.^[534]​ Se repitió el método de movilización, al que se le dieron nombres alternativos para despegarlo de las protestas anteriores y se usaron términos como «veredazo», «bocinazo», «ruidazo» y otros.^[535]​ La protesta se generalizó por varias zonas de la Capital y del Gran Buenos Aires pese al mal tiempo imperante,^[536]​ y se replicó en muchas ciudades del interior del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata,^[532]​ San Miguel de Tucumán^[537]​ y Neuquén.^[538]​ Si bien los sectores de izquierda fueron los más notorios en su portación de carteles identificatorios, muchos de los manifestantes aclaraban que habían votado a favor de Macri.^[535]​

El 7 de marzo de 2017 se produjo una segunda y más importante movilización de la CGT en la Plaza de Mayo y en varios lugares del resto del país «en defensa de la industria nacional, de las PyMEs, de todos los trabajadores» y en protesta por la «la pérdida de poder adquisitivo» de los salarios;^[539]​ el siguiente 6 de abril se realizó el primer paro nacional de la CGT, al que adhirieron también las distintas fracciones de la CTA, con un alto grado de paralización de las actividades en todo el país.^[540]​

Desde el mes de marzo de 2017 hubo varias huelgas de los sindicatos docentes, especialmente notables en el caso de la provincia de Buenos Aires, en rechazo de la oferta de aumento de salarios realizada por la gobernadora Vidal, que los sindicalistas consideraron insuficiente frente a la inflación. La huelga terminó por nacionalizarse a fines de ese mes,^[541]​ debido a que durante el gobierno de Cristina Fernández se había hecho obligatoria la convocatoria a una paritaria docente nacional, que servía de referencia a las paritarias provinciales, y que el gobierno nacional se negó a convocar.^[542]​ El conflicto continuó durante el mes de abril, cuando tuvo lugar un paro nacional docente debido a la represión de una manifestación docente frente al Congreso de la Nación dos días antes.^[543]​

El 10 de mayo de 2017 bajo la consigna "Nunca más privilegios a los criminales de lesa humanidad", cientos de miles de personas se movilizaron en la ciudad de Buenos Aires y en varias ciudades de todo el país para expresar su rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocida como el fallo del dos por uno en crímenes de lesa humanidad.^[544]​

Encuestas e imagen

El presidente Macri inició su presidencia con una imagen positiva del 71,3% de la población encuestada, que cuatro meses después había descendido al 53,4%, manteniéndose en ese nivel con leves oscilaciones durante el resto de 2016 y 2017. La excepción fue el mes de agosto de 2016, en el que la imagen positiva del presidente cayó al 47%, mientras que la imagen negativa la superó en casi diez puntos (56,7%). Una nueva caída se produjo en la imagen de Macri en la segunda mitad de 2017, que cayó del 54,1% el 10 de diciembre al 48,8% el 27 de diciembre y siguió cayendo hasta el 44,6% el 22 de enero de 2018, el porcentaje más bajo desde que asumió.^[545]​

Causas judiciales terminadas respecto de Macri

En la época en que desempeñó el cargo de Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2007-2015) acumuló más de 214 causas judiciales como “estafa y asociación ilícita”, “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, “enriquecimiento ilícito”, “falsificación de documentos públicos”, “amenazas y abandono de personas”, entre otras.^[546]​ En diciembre de 2015, Macri se convirtió en el primer presidente de la historia argentina en asumir el cargo mientras estaba procesado por la Justicia.^[547]​

Fue procesado junto a su padre Franco Macri en una causa que se seguía por presunto contrabando por operaciones de importación realizadas por la empresa Sevel cuando ellos la presidían; ambos fueron sobreseídos por la Cámara Nacional de Casación Penal, que determinó que no había existido delito alguno, fallo confirmado por la Corte Suprema. En octubre de 2002, el juez Juan José Mahdjoubian decidió procesar a Mauricio Macri, por entonces presidente de Boca, y a Julio Grondona, presidente de la AFA, por administración fraudulenta en la compra de los sistemas de video para controlar la seguridad en los estadios y luego fue absuelto.^[548]​

Fue imputado por el fiscal Alberto Nisman y procesado en una causa por espionaje telefónico en la Capital Federal.^[549]​ Días después de asumir como presidente, Macri fue sobreseído en primera instancia por falta de pruebas, decisión que fue apelada.^[550]​ El sobreseimiento fue confirmado unos meses después por la Cámara Federal, continuando la causa contra sus subordinados.^[551]​

En 2016 el periodista Carlos Pagni afirmó que Daniel Angelici, supuesto operador judicial de Mauricio Macri, le dio dinero a un juez en forma de coimas para beneficiar a Macri.^[552]​Angelici se habría reunidp Eduardo Freiler, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, por una presunta maniobra para favorecer a Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales.^[553]​

En noviembre de 2016 el diputado Julo Raffo presentó una denuncia contra Daniel Angelici y Eduardo Freiler por el supuesto pago de dinero para beneficiar al actual Presidente para sobreseerlo en la causa por las escuchas ilegales.^[554]​por supuesto delito de cohecho o prevaricato.^[555]​ Freiler pidió dinero a Angelici para favorecer a Macri en la causa de las escuchas ilegales. El empresario del juego se lo dio. Pero Macri le aclaró: "Si querés recuperar la plata, pedile que te la devuelva porque yo no pongo una moneda". Freiler no habría sido el único camarista, y que uno de los dos devolvieron el dinero y los otro no. Tanto Freiler; Ballesteros y Farah votaron a favor de Macri.^[556]​Posteriormente Pagni ratificaria ante la justicia sus dichos.^[552]​^[557]​el doce de diciembre la jueza federal María Romilda Servini de Cubría citó a declarar como testigo de la causa a Carlos Pagni.^[558]​

Causas penales en investigación

Panamá Papers

Macri figura entre los políticos incluidos en la investigación internacional sobre paraísos fiscales denominada “Panama Papers”, publicada el 3 de abril de 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.^[559]​ Según la investigación, integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las Bahamas entre 1998 y 2009. Al ser electo jefe de Gobierno porteño en 2007, el ahora presidente no incluyó en sus declaraciones juradas su conexión con la firma.^[560]​ El portavoz oficial de Macri, Iván Pavlovsky, dijo que el presidente argentino no declaró su participación en esa empresa offshore como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella.^[559]​ El periodista Joaquín Morales Solá consideró improbable que el caso llegara a judicializarse Franco Macri declaró la cuenta ante la AFIP, el movimiento de dinero fue insignificante, y fue cerrada un año después de que Mauricio Macri fuera electo jefe de gobierno.^[561]​ El 7 de abril, a pocos días de conocerse el escándalo, Mauricio Macri fue formalmente imputado por el fiscal Federico Delgado.^[562]​

Al declarar ante el juez Sebastián Casanello que investiga el caso, el periodista argentino Hugo Alconada Mon, que participó de la investigación, dijo que no surgía la existencia de cuentas bancarias a nombre de Fleg Trading, ni negocios con Brasil; respecto de la sociedad off-shore creada en Panamá en la década del 80, denominada Kagemusha, dijo que no surgía de su investigación que Macri hubiera tenido participación; finalmente aportó el dato sobre la existencia de otra sociedad denominada “Macri Group” pero aseguró que “no surge ningún vínculo con el presidente ni ningún otro Macri ni persona vinculada”. Por su parte, la abogada experta en sociedades, Silvana Martínez, colaboradora de Margarita Stolbizer y exfuncionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ), atestiguó ante el juez que “la IGJ no inscribe desde el año 2003 sociedades off-shore” y que solo deben inscribirse en Argentina si van a desarrollar negocios en el país. Agregó que los accionistas “deberían declararlas en la AFIP en la medida que reciban dividendos” y, en el caso de los directores, función en la que aparecía Macri, solo deberían ser declaradas en el caso que “reciban remuneraciones por los servicios prestados”.^[563]​ No obstante, la Unidad de Información Financiera (UIF) entregó al juez federal Sebastián Casanello un despacho de inteligencia, a través del cual se confirma que Macri forma parte del directorio de Kagemusha.^[564]​

El 20 de septiembre de 2017 el juez en lo Civil Andrés Fraga quién más tarde sería denunciado por dicho fallo, e investigado por su posible actuación irregular^[565]​ convalido la versión propuesta por Macri ^[566]​A raiz de múltiples irregularidades el juez Fraga fue denunciado por las maniobras para desvincular a aMacri. La jueza Marcela Pérez Pardo, que integra la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, pidió que se investigue una posible actuación irregular del juez Fraga dado que es un juez civil pero aceptó intervenir en una causa que corresponde al fuero comercial.^[567]​^[568]​

Causa por el Soterramiento del Sarmiento

En noviembre de 2016 los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques denunciaron ante la Justicia la posible falta de transparencia en un incremento presupuestario a una obra previamente licitada, a favor de una empresa dirigida por su primo Ángelo Calcaterra: mediante el decreto 797/2016, Macri asignó al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento 45 000 millones de pesos (aproximadamente 3 000 millones de dólares).^[569]​

Causa Correo Argentino

El 14 de febrero de 2017 el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a Mauricio Macri y Oscar Aguad, —ministro de Telecomunicaciones—, por el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri en relación a la deuda del Correo Argentino.^[570]​ En ese acuerdo el Estado aceptó una quita del 98,82 % de la deuda, en beneficio de Correo Argentino S.A., propiedad de la familia presidencial.

Asimismo se conoció que la Enacom, desistió de cobrarle ese mismo mes una multa por casi 300 mil pesos a la empresa propiedad del grupo Macri que ya tenía sentencia de segunda instancia en favor del Estado.
A pesar de que el Estado le había ganado el juicio a la empresa, la Enacom decidió no cobrarle la deuda.^[571]​Dicha maniobra terminó en una causa penal investigada por el Juzgado Federal N° 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo, por una maniobra que intentó utilizar el gobierno de Mauricio Macri para condonar una multa del Correo Argentino S.A, a través del Ente Nacional de Comunicaciones, advirtiendo según el denunciante una deliberada estrategia de “resolver” de inmediato los conflictos judiciales vinculados a las empresas de la familia presidencial.^[572]​ La deuda original asciende a $ 296,2 millones de pesos.^[573]​Finalmente fue imputado por los delitos de administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública luego de que se conociera que el Estado le condonó una deuda millonaria a una empresa del grupo Macri, que administraba el Correo Argentino.
Según calculó la fiscal Gabriela Boquín la deuda implicaría un perjuicio de más de 70 mil millones de pesos para el Estado.^[574]​

Causa acuerdo holdouts

En otra causa penal, la Justicia argentina investiga a Macri por el acuerdo para pagar una multimillonaria deuda con los fondos “buitre” (especuladores) y por la que es acusado de posible estafa y fraude contra el Estado. El acuerdo es investigado por irregularidades tales como falta de informes que sustenten los montos demandados, acuerdos firmados a mano alzada, la no individualización de los títulos incorporados, que en la mayoría de los casos se pagó más de lo acordado en las sentencias y que que no haya documental que avale qué títulos se abonaron- para el cual el país emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, siendo el país que más se endeudó en el mundo desde 1996 según el Financial times^[575]​ En noviembre de 2016 un nuevo fondo volvió a denunciar a la Argentina.^[576]​El 26 de abril de 2016 Argentina le realizó un primer pago de 9300 millones de dólares -el cual fue calificado por el fiscal Federico Delgado como una gigantesca estafa al Estado nacional ^[577]​En 2017 tras meses de investigaciones el fiscal del caso declaró que el endeudamiento por u$s 16.500 millones que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo u$s 12.500 millones a los bonistas en default fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional.^[578]​

Caso Avianca

En 2016 a pocas semanas de asumir Mauricio Macri la presidencia del país, dio de baja la flota oficial al tiempo que descartó viajar en la empresa Aerolíneas Argentinas, eligiendo vuelos privados de la empresa Macair Jet perteneciente al Grupo Macri, que de este modo sería la empresa directamente beneficiada con contrataciones del Estado. El 27 de diciembre, el periodista Nicolás Pizzi reveló la creciente influencia de la firma aérea ligada al Grupo Macri y vinculó esto a las “decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri sobre el manejo de la flota oficial”.De este modo el Estado contrataría aviones del Grupo Macri para viajes oficiales a partir de enero de 2016, la medida fue calificada como verdadero negociado millonario con el Estado que involucra a una de las empresas familiares del presidente.^[579]​^[580]​^[580]​^[581]​ El secretario General de APLA, denunció la implementación de una política de apertura del mercado aéreo a capitales privados que terminan mezclándose con intereses privados de la familia presidencial Posteriormente en mayo se vinculó a la firma Mc Air Jet, de la familia Macri con a quiebra de la Aerolínea Sol. El 27 de diciembre, una nota del periodista Nicolás Pizzi en el diario Clarín reveló cómo “crece la influencia de una firma aérea ligada al Grupo Macri” y vinculó esto a las “decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri sobre el manejo de la flota oficial”.^[582]​Finalmente fue imputado por el fiscal federal Jorge Di Lello i junto a su padre Franco, al Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y a funcionarios de Avianca por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.En su requerimiento de instrucción, describió una serie de maniobras -entre ellas el otorgamiento de rutas aéreas- presuntamente destinadas a beneficiar a AVIANCA, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.

La denuncia señala que "la privatización del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos por cifras millonarias y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar, se produce a principios de 2016 con la venta de ´Macair Jet´ a la compañía de origen colombiano AVIANCA. ^[583]​

Causa por Memorándum con Qatar

Se encuentra imputado penalmente por causa por Memorándum Argentina-Catar, una causa judicial argentina, a raíz de la firma de un memorándum secreto de entendimiento con Catar a cargo del juez Rafecas y de la fiscal Paloma Ochoa, por el acuerdo por 1300 millones de dólares. En la causa se encuentran imputados también la vicrepresidente Gabriela Michetti, ^[584]​el ex titular del Fondo de Garantía de sustentabilidad de la Anses, Luis María Blaquier; la canciller Susana Malcorra; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Presidencia Mario Quintana; el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya; la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballey; y el ex tenista Gastón Gaudio por los delitos de estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.^[585]​

El 30 de diciembre de 2016 Mauricio Macri, la vicepresidente Gabriela Michetti, así como otros funcionarios del gobierno argentino, fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la eventual comisión de los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones (artículo 174 inciso 5 del Código Penal), administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7º del Código Penal) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del Código Penal) en perjuicio al erario público, como partícipes de la firma del Memorándum con Catar de noviembre de 2016, creando un fondo de inversión por 1.300 millones de dólares estadounidenses, con una «estructura offshore», para la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El juez que dirige la investigación es Daniel Rafecas.^[586]​

Mientras se negociaba el acuerdo, el asesor presidencial Horacio Reyser compartió información confidencial del Estado a un empresario amigo, Nicolás Rosendi. Según consta en la causa desde el 28 de julio, cuando Mauricio Macri recibió al emir de ese país, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, hasta el domingo 6 de noviembre, momento en el que se firmó el acuerdo, hubo correos de Estado que se compartieron a empresarios privados. Y estos con la información privilegiada, habrían firmado contratos millonarios con Qatar Investment Authority (QIA) para ser “consejero local” del fondo de mil millones de dólares que se acordó con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) ^[587]​

Según la investigación judicial el intermediario entre el Gobierno y Qatar, Diego Nicolás Rosendi, mantenía vínculos comerciales con Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri y primera dama argentina.
El empresario participó en las negociaciones por el fondo de inversión catarí. Rosendi mantiene U$S 7,6 millones en paraísos fiscales y al mismo tiempo pagaba expensas de Juliana Awada en la residencia de un country propiedad de esta.^[588]​Finalmente se requirió que la investigación involucre también a Rosendi, socio de Awasa por las figuras de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias y violación de secretos.

Imputación por supuestas coimas al juez Freiler en la Causa por espionaje de 2009

En 2016 el periodista Carlos Pagni afirmó que Daniel Angelici, supuesto operador judicial de Mauricio Macri, le dio dinero a un juez en forma de coimas para beneficiar a Macri en la Causa por espionaje en la Ciudad de Buenos Aires (2009)^[552]​Angelici se habría reunido con Eduardo Freiler, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, por una presunta maniobra para favorecer a Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales.^[589]​Finalmente fue imputado junto al juez Freiler y Daniel Angelici.^[590]​

En noviembre de 2016 el diputado Julo Raffo presentó una denuncia contra Daniel Angelici y Eduardo Freiler por el supuesto pago de dinero para beneficiar al actual Presidente. Es que el 14 de junio de este año, la Sala I de la cual Freiler forma parte, confirmó el sobresimiento de Macri en la causa por las escuchas ilegales.^[591]​por supuesto delito de cohecho o prevaricato. Luego del sorteo, la denuncia se tramita en el Juzgado Federal Nº1, a cargo de la jueza María Servini de Cubría.^[592]​ Freiler pidió dinero a Angelici para favorecer a Macri en la causa de las escuchas ilegales y sobreseerlo. ^[593]​Posteriormente Pagni ratificaria ante la justicia sus dichos.^[552]​^[594]​ El 12 de diciembre la jueza federal María Romilda Servini de Cubría citó a declarar como testigo de la causa a Carlos Pagni.^[595]​

Imputación penal por acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

El fiscal Jorge Di Lello inició una investigación penal a raíz de una denuncia contra el Presidente y gran parte de su gabinete por haber pasado por alto el Congreso Nacional antes de rubricar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La denuncia fue efectuada por el economista Claudio Lozano y por el Movimiento Popular La Dignidad y por el Observatorio del Derecho a la Ciudad quien había denunciado al presidente y a los integrantes de su Gabinete de ministros vinculados con el área de Finanzas.^[596]​^[597]​

Tramita en el expediente N° 13777/2018 caratulado “Macri, Mauricio s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

El fiscal federal dejó a criterio del juez federal Julián Ercolini el dictado de una medida cautelar que suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI que deberá ser resuelto en los próximos días. Así también solicitó la producción de varias pruebas^[598]​

Otras imputaciones

También se encuentra imputado en otras causas penales, entre ellas en la causa por el decreto de blanqueo de capitales a familiares, por el que resultó imputado por fiscal Guillermo Marijuan ante una denuncia por la diputada Victoria Donda.^[599]​

En abril de 2017 sumó una nueva imputación cuando el fiscal federal Franco Picardi pidió investigarlo junto al ministro de energía Aranguren, ante la sospecha de que el incremento de tarifas fue con la intención de favorecer a empresarios que incursionaron en el rubro energético como Nicolás Caputo, John Lewis y Marcelo Mindlin, todos ellos cercanos a Macri.^[600]​

El 7 de septiembre de 2017, el fiscal Delgado imputó a Macri por encubrimiento sobre el caso Santiago Maldonado e impulsó una investigación para determinar si desde el gobierno de Mauricio Macri se encubrió la desaparición de Santiago Maldonado.^[601]​

Controversias y polémicas

Revocación de mandato

A comienzos del 2014 un grupo de vecinos que fue autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para recolectar firmas para revocar los mandatos de Macri y la vicejefa, María Eugenia Vidal, por supuestas anomalías en la gestión no obtuvo la adhesión del 20% de los electores porteños requeridos en el plazo legal de un año.^[602]​

Posición ante la inmigración en Argentina

Fue denunciado por discriminación cuando sostuvo que una de las causas de la toma del Parque Indoamericano, donde murieron tres personas, entre ellas dos bolivianos, se debió a "esta inmigración descontrolada y el gobierno ausente".^[603]​

Vinculación con Caputo

En diciembre de 2015 la prensa dio a conocer que el valor de las acciones de la empresa Caputo Construcciones acumuló una ganancia de 481,6% desde el 22 de octubre de 2015, "cuando el macrismo se quedó con la Nación y la provincia de Buenos Aires, además de la Ciudad".^[604]​ La empresa es propiedad de Nicolás Caputo, vicepresidente del PRO, exsocio, íntimo amigo desde la infancia de Macri y deudor de un préstamo a su favor por parte del presidente de 18,5 millones de pesos, equivalente al 35% del patrimonio total de Macri.^[604]​ "La expectativa de que la compañía de Nicolás Caputo acceda a nuevos contratos no sólo ya en la Ciudad, sino extendida a la posibilidad de participar en obras en territorio bonaerense y nacional fueron el principal puntal para colocar a este papel como esta alza récord".^[604]​

Aumento de su patrimonio y paraísos fiscales

A raíz de las sospechas sobre los Panama Papers, Macri anunció que todos sus bienes serían administrados por un fideicomiso ciego, de forma que éstos fueran administrados por personas que no tendrían contacto con el Presidente mientras durara su mandato.^[27]​ El fideicomiso fue finalmente creado el día 12 de abril.^[605]​

En mayo de 2016, Macri presentó su declaración jurada correspondiente al último día del año 2015; la misma llamó la atención por un súbito aumento del capital, ya que para diciembre de 2014 había declarado bienes por poco menos de 53 millones de pesos, y en la nueva declaración jurada afirmaba poseer un patrimonio de poco más de 110 millones de pesos. La mayor parte de la diferencia —aunque no la totalidad— se debe a que en la declaración de 2015 incluyó la valuación de sus acciones en sociedades anónimas, que en anteriores declaraciones había imputado con un valor simbólico de un centavo. Otros datos llamativos fueron la declaración de que entre su amigo, el empresario Nicolás Caputo, y el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, le adeudan 23 millones de pesos; el intendente Grindetti, ex funcionario del gobierno porteño de Macri, ha sido incluido también dentro de la denuncia de los Panama Papers. Por otro lado, en anteriores declaraciones juradas, Macri había afirmado poseer unos 18 millones de pesos en Estados Unidos y Suiza; en la nueva declaración, incluyó $ 18 719 094 depositados —sin aclarar el tipo de cuenta— en Bahamas, un país reconocido como un paraíso fiscal.^[606]​ Consultado sobre el depósito en un paraíso fiscal, respondió: «La verdad es que ni me di cuenta».^[607]​

Tras las críticas suscitadas por su declaración jurada, Macri ordenó al fideicomiso ciego que administra sus bienes que incluyera los fondos de Bahamas en la administración; esto despertó nuevas críticas, ya que esto significaría entrar en contacto con los administradores con quienes dijo que no tendría ninguna relación.^[28]​ A pesar de su promesa, a fines de junio solamente el 40 % de su capital estaba siendo administrado por el fideicomiso.^[29]​

Utilización de bases de datos y redes sociales

Macri ha sido relacionado con la utilización de bases de datos y redes sociales con fines electorales. El Grupo Messina (TMG), dirigido por Jim Messina, famoso por haber utilizado big data tomada de los datos personales de Facebook en la campaña de Barak Obama y el escándalo de las elecciones británicas de 2015,^[608]​ menciona en su página institucional,^[609]​ que Macri fue uno de los ocho jefes de Estado que contrataron sus servicios.^[610]​^[611]​ El diario Página 12 informó que fuentes de la Casa Rosada desmintieron que Macri hubiera contratado al Grupo Messina, pero reconocieron haberse reunido con el vicepresidente de la corporación, Brennan Billberry, el 30 de marzo de 2016.^[611]​

El 25 de julio de 2016 la Jefatura de Gabinete dictó la Resolución Nº 166/2016, disponiendo que la ANSES (agencia oficial de pensiones) comparta sus bases de datos con la Secretaría de Comunicación Pública para diseñar mejor sus estrategias de comunicación.^[612]​ Entre los datos que la ANSES debe enviar al gobierno se encuentran nombre y apellido, DNI, CUIT o CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios.^[612]​ Varios legisladores opositores iniciaron acciones para anular la Resolución, considerando que la misma violaba la legislación vigente sobre protección de datos,^[611]​ y el fiscal Federico Delgado abrió una causa penal para investigar si los datos podían ser usados con fines electorales.^[613]​

El 8 de marzo de 2016 el periódico digital La Política Online (LPO) denunció que el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, usó el helicóptero presidencial para ir a su country,^[614]​ lo que desencadenó ese mismo día un ataque masivo con trolls y cuentas falsas contra el medio de prensa y su director.^[615]​ LPO denunció que el ciberataque fue dirigido por el influencer Octavio Paulise, un activista del PRO empleado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque el gobierno declaró que no tenía relación con su accionar en las redes.^[616]​

El 26 de marzo de 2016 el diario Perfil publicó un artículo sobre la forma de operar del gobierno de Macri en las redes sociales, mediante un equipo de unos cuarenta operadores, bajo el mando del jefe de Gabinete Marcos Peña y el la subsecretario de Vínculo Ciudadano, por Guillermo Riera, jefe de la campaña digital de Macri durante las elecciones de 2015.^[616]​^[617]​ Las fuentes del gobierno utilizadas por Perfil reconocieron haber usado trolls y fakes (cuentas falsas) durante la campaña electoral, pero que luego de la misma decidieron no seguir haciéndolo.^[616]​

Pocos días después, un nuevo artículo de Perfil titulado "Trolls y fondos públicos: así se gesta el relato 2.0 en la era Cambiemos", difundió que el presupuesto asignado a estas actividades por el gobierno de Macri era de $163.289.111 pesos (equivalentes a unos 10 millones de dólares), de los cuales Google y Facebook recibieron la mitad.^[618]​

En julio de 2016 el conductor televisivo Marcelo Tinelli denunció un masivo ataque de trolls por haber criticado el aumento de tarifas realizado por el presidente Macri, expresando su indignación con la frase "creí que eran diferentes".^[619]​ El gobierno negó tener algo que ver con los ataques.^[617]​ En ese momento la periodista Brenda Struminger del diario La Nación reflejó la generalización de los ciberataques luego de las elecciones de 2015:

Aunque se terminaron las elecciones, los "trolls" llegaron para quedarse. Lejos de circunscribirse a la pelea K-antiK, afectan con agresiones y mensajes a un amplio espectro del arco político. Y las víctimas no son sólo figuras reconocidas, sino usuarios corrientes. Su objetivo final es influir en la opinión pública, de la forma que sea.

Brenda Struminger (La Nación)^[617]​

En su artículo Struminger volvió a mencionar las versiones de que el gobierno tenía un equipo dedicado a manejar trolls y bots, dirigidos por Guillermo Riera, jefe de la campaña digital de Macri durante las elecciones de 2015. Riera declaró que junto con Marcos Peña habían tomado la decisión de no utilizar trolls, pero que "Puede haber gente que sea adepta al Pro que tenga trolls, no lo sé ni tengo posibilidades de controlarlo".^[617]​

En marzo de 2018 Amnistía Internacional publicó una investigación titulada "Trolling y agresiones a la expresión de periodistas y defensores de DDHH en Twitter Argentina", en el que se analizan más de 350.000 ciberataques sufridos por siete periodistas: Hugo Alconada Mon, Reynaldo Sietecase, Eduardo Feinmann, Marcelo Longobardi, María O'Donnell, Jorge Héctor Santos y Ernesto Tenembaum. El estudio comprobó que cibertropas, con altos niveles de organización profesional y tecnológica, atacaban sistemáticamente a las personas que emitían opiniones críticas al gobierno de Macri, utilizando discursos de odio, de persecución, de xenofobia o buscando desacreditar a los periodistas y activistas, para cercenar el debate público y disciplinar las voces críticas, disidentes u opositoras.^[620]​ Al ser consultado por una radio, el ministro del Interior Rogelio Frigerio del presidente Macri, negó que el gobierno estuviera detrás de los ciberataques y trolls.^[621]​

Descansos y licencias

Macri ha sido cuestionado por la cantidad de descansos y licencias. Como diputado nacional, en 2006, estuvo ausente en 277 votaciones de las 321 que se realizaron en ese año, es decir un 86% de ausencia. Como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo de viaje 261 días desde diciembre de 2007, hasta diciembre de 2012 (cinco años), con un promedio de 52 días por año.^[622]​ Como presidente de la Nación, se tomó 90 días de vacaciones en los primeros dos años, resultando un promedio de 45 días por año.^[623]​

Véase también

• Presidencia de Mauricio Macri


• Compromiso para el Cambio


• Propuesta Republicana


• Cambiemos

Notas

Referencias

Enlaces externos

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• 
  Wikisource contiene obras originales de o sobre Mauricio Macri.

• Página web oficial


• Biografía de Mauricio Macri por CIDOB

Predecesor: Antonio Alegre	30.vo Presidente de Boca Juniors 1996 - 2008	Sucesor: Pedro Pompilio
Predecesor: Jorge Telerman	5.to Jefe de gobierno de Buenos Aires 2007 - 2015	Sucesor: Horacio Rodríguez Larreta
Predecesor: Cristina Fernández de Kirchner	Presidente de la Nación Argentina 2015 - actualidad	Sucesor: En el cargo
Predecesor: Nicolás Maduro	Presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas 2017- actualidad	Sucesor: En el cargo

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